MADRID. Fuentes de este tribunal han confirmado que el magistrado está investigando, en una causa secreta, este proyecto encargado en 2007 por la expresidenta regional Esperanza Aguirre para agrupar las 19 sedes judiciales en el barrio madrileño de Valdebebas, pero que todavía no hay ninguna persona imputada en la causa.
En el marco de este procedimiento, varios agentes de Policía se personaron ayer en la sede de la Consejería madrileña de Justicia requiriendo documentación sobre este proyecto, según han informado a Efe fuentes del gobierno regional.
El proyecto fue denunciado hace unos meses ante la Fiscalía tanto por el gobierno de la Comunidad de Madrid, entonces presidido por Cristina Cifuentes, como por varios diputados de la oposición.
La Fiscalía General del Estado remitió a la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de abril la denuncia de la Comunidad de Madrid sobre posibles delitos de malversación y prevaricación en el Campus de la Justicia.
En la denuncia presentada por la Comunidad, se adjuntaba un informe elaborado por la Cámara de Cuentas sobre la gestión de la empresa pública Campus de la Justicia de Madrid, S.A., durante los ejercicios 2005-2015.
En dicho informe se ponía de manifiesto el abono de unos 90 millones de euros por la urbanización y construcciones de edificios, de los cuales solo hay uno concluido que, no obstante, no puede ser utilizado.
También se informaba sobre posibles adjudicaciones de contratos al margen de los criterios establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y supuestas irregularidades contables y en materia de contratación de personal.
El fallido proyecto fue encargado por el gobierno regional que por aquel entonces, en 2007, presidía Esperanza Aguirre, y pretendía agrupar en un mismo espacio todos los órganos judiciales con sede en Madrid excepto los estatales.
Sin embargo, sólo llegaron a traspasarse al Campus de la Justicia dos edificios y las únicas obras que se llegaron a hacer fueron la construcción del Instituto de Medicina Legal y parcialmente dos túneles de interconexión con otros inmuebles que no se llegaron a desarrollar.
Pero, según evidenció el informe, esos inmuebles sí generaron costes, como los edificios del Tribunal Superior y de la Audiencia Provincial que, "sin tener una sola piedra colocada", generaron unos costes de casi 19 millones de euros.
Después de la expresidenta madrileña, su sucesor, Ignacio González, reformuló el proyecto, si bien el informe de la Cámara de Cuentas afecta tanto al período de Aguirre como al de González.
