Gasteiz - A Alfredo de Miguel, Koldo Otxandiano y a Aitor Telleria, y a sus respectivas esposas, se les acusa de haber creado una sociedad fantasma con sede en un txoko de un barrio gasteiztarra para cobrar comisiones de empresarios negociadas a cambio de favorecer adjudicaciones públicas. Afirma la Fiscalía alavesa que se sirvieron de los contactos de De Miguel, diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial y alto cargo del PNV alavés hace una década, para embolsarse más de 600.000 euros en comisiones ilegales a través de Kataia Consulting y sus ramificaciones, y de causar un quebranto de 260.000 a las arcas públicas. El fiscal, Josu Izaguirre, pide para el exdiputado foral una pena de 54 años y nueve meses de prisión, así como 16,5 millones de euros de fianza. Para Telleria y Otxandiano reclama 32 años y un mes de cárcel, tres millones de fianza para el primero, y uno para el segundo.
A partir de hoy, los tres acusados y los otros 23 que se sentaron en el banquillo el pasado 8 de enero para someterse al juicio de mayor envergadura conocido en Euskadi, que exigió hacer obras en la Audiencia alavesa por valor de 100.000 euros, darán por fin su versión de los hechos. Según publicaba el viernes el grupo Vocento, las defensas de los principales encausados negocian un acuerdo para aceptar penas menores e incluso eludir la prisión, un extremo que varios de ellos negaron a Efe, salvo el de De Miguel, que se acogió a la cláusula de confidencialidad para no confirmar ni desmentir dichas conversaciones. Según EITB, Telleria no participaría de dichas negociaciones.
En todo caso, no será hasta esta mañana cuando se confirme ante el tribunal si dichos pactos se han alcanzado -varios letrados estaban dispuestos a negociar un acuerdo si se les ofrece-, o si se está en ello, lo que podría conllevar la suspensión de la sesión. El primero declarar, de seguir el proceso el cauce previsto, será el propio De Miguel, al que seguirán Telleria y Ochandiano, y las esposas que compartían la titularidad de KataiaConsulting. La sala que les juzga, que conforman los magistrados Jaime Tapia, Elena Cabero y Raúl Aztiria, accedió a permitirles declarar al final del proceso, una vez oídos los testigos y peritos que han prestado testimonio durante los últimos nueve meses.
A lo largo de los próximos días también irán sometiéndose a interrogatorio la hermana de De Miguel, contable en Kataia Consulting, y tras ella lo harán exaltos cargos del Gobierno Vasco, exconcejales y alcaldes o empresarios vascos y catalanes, acusados de favorecer, beneficiarse o dejar pasar la comisión de los delitos de De Miguel.
la grabadora olympus Las declaraciones enfilarán la recta final del juicio y también el punto final a un proceso que arrancó en el año 2009, cuando la empresaria vizcaina Ainhoa Alberdi acudió a los juzgados de Gasteiz con una denuncia apuntalada con los contenidos de una pequeña grabadora Olympus. Alberdi era socia de Iñaki Etxaburu, también imputado, quien habría pactado una comisión de alrededor de 100.000 euros con los principales acusados a cambio de la adjudicación de la ampliación del Parque Tecnológico de Araba. Etxaburu dejó Urbanorma, la firma beneficiaria, y un día Alberdi se encontró con que De Miguel le exigía una comisión de la que ella no sabía nada.
Las presiones llegaron a producirse desde la dirección de correo electrónico oficial de De Miguel, e incluso el entonces diputado y Telleria citaron a su padre, cercano al PNV, para exigir el dinero. Alberdi grabó varias reuniones, guardó los correos y entregó el material al juzgado. A partir de ahí la Ertzaintza inició una investigación dirigida por el juez Roberto Ramos en la que empezaron a salir nuevas empresas, al margen de Kataia, diversas adjudicaciones presuntamente irregulares, nuevas ramificaciones, todo al margen siempre de la Diputación alavesa de la que De Miguel fue expulsado por su entonces responsable, Xabier Agirre, a los pocos días de su detención, que se produjo el 17 de marzo de 2010. La instrucción del juez Ramos llegó a abarcar 20.989 folios distribuidos en 79 tomos. Con las detenciones de los implicados estalló una tormenta política que trajo consigo la creación de sendas comisiones de investigación en el Parlamento Vasco y las Juntas Generales alavesas.
Casi nueve años después arrancaba el juicio, que las defensas intentaron anular por supuestas irregularidades en la actuación de la Ertzaintza. También trataron de desacreditar a Alberdi, cuyo testimonio marcó la sesión más importante del juicio, probablemente, junto con la de esta mañana. La denunciante puso de manifiesto su sensación de desprotección, afirmó que de saber lo que le esperaba quizá no habría dado el paso, pero no se echó atrás. “En su día dije que me iba a ratificar en todo, que no iba a venir aquí sin revisar la documentación”, dijo tras demostrar que, efectivamente, como letrada que es, se había preparado concienzudamente para el juicio.
Desde hoy las personas a las que acusa tendrán la ocasión de defender su inocencia o, si los pactos con la Fiscalía prosperan, tratar de contener daños.
Acusados. Alfredo de Miguel, Koldo Otxandiano, Aitor Telleria, Ainhoa Bilbao, Araceli Bajo, Iratxe Gaztelu-Urrutia, Aintzane De Miguel, Alfonso Arriola, exdirector del Parque Tecnológico de Araba; los empresarios Jon Iñaki Echaburu, Francesc Fernández Joval, Jesús Arruti o Prudencio del Hierro; los exaltos cargos del Gobierno Vasco Xabier Sánchez Robles o Gurutz Larrañaga, o el exconcejal del PNV en Leioa Iñaki San Juan.
Presuntos delitos. Las acusaciones abarcan delitos como los de fraude en la contratación, prevaricación, malversación, falsedad en documento público, tráfico de influencias, cohecho, coacciones y blanqueo de capitales.
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Años de prisión pide la Fiscalía alavesa para el principal acusado de la presunta trama, el exdiputado de Administración Local y Equilibrio Territorial alavés Alfredo De Miguel.
