madrid - La ministra portavoz del Gobierno español, Isabel Celaá, aseguró ayer que las bombas que se han vendido a Arabia Saudí “son láser de alta precisión y si son de alta precisión no se van a equivocar matando a yemeníes”.

Así se pronunció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros cuando se le preguntó si el Gobierno puede garantizar que esas bombas no se usarán para matar civiles en Yemen y qué sucedería si se demostrase que ese ha sido el caso.

Sin embargo, también afirmó que en el contrato de venta “no hay especificación, naturalmente” sobre si se utilizarán en Yemen. “Pero por las características de los misiles láser no parece que vayan orientados a ese fin, eso es lo que considera el Gobierno”, zanjó.

No obstante, en los informes anuales sobre autorización de operaciones de venta de armas siempre figura, en lo relativo a Arabia Saudí, que “todas las licencias relativas a munición fueron acompañadas de certificados de último destino con estrictas cláusulas de no reexportación y uso fuera del territorio del país”. Así figura también en el informe de autorizaciones de 2015, año en que se acordó esta venta, aunque esta operación no aparece desglosada.

En la rueda de prensa, Celaá abundó el argumento de la “precisión” de las 400 bombas, como ya hizo el pasado jueves el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que confirmó que España, finalmente, venderá esas bombas a Arabia Saudí pese a que Defensa confirmó hace días su intención de no ejecutar esa venta precisamente para evitar que se repita un suceso como el de hace unos meses en los que el país saudí bombardeó en Yemen un autobús, causando alrededor de 40 muertos, entre ellos varios niños.

Preguntada por el impacto de la gestión de este asunto en el seno del Gobierno y si alguno de sus miembros ha sido reprendido, Celaá respondió que lo que hubo fue “una opinión que el Gobierno ha cerrado decidiendo el cumplimiento del contrato con Arabia Saudí” y que lo ha hecho “de manera colegiada”.

La propia Celaá subrayó que ella misma, hace una semana, recalcó que el Gobierno “se alineaba con los intereses de los trabajadores de la bahía de Cádiz” y que “ninguna carga de trabajo para ellos estaba en riesgo”. Los trabajadores de Navantia en Cádiz comenzaron a movilizarse la semana pasada advirtiendo de que cancelar la entrega de las bombas ponía en riesgo el contrato para la construcción de cinco corbetas para vender a Arabia Saudi. La paralización del contrato hubiera supuesto la pérdida de 6.000 empleos. - E.P.