madrid - No pudo ser peor la resaca de Pedro Sánchez por la celebración el domingo de los 100 días como inquilino de la Moncloa. La prensa le despertó ayer por la mañana a la realidad más sórdida de la política con la publicación por parte del periódico digital eldiario.es de una información en la que acusaba a su ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, de haber cometido irregularidades en la obtención de su máster sobre estudios de género en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Los hechos a los que se refiere tuvieron lugar entre 2010 y 2011, periodo en el que la denunciada era diputada en el Congreso de los Diputados.

Montón cuenta, en principio, con el respaldo del presidente. Es un peso pesado del Gobierno, no como Huerta, y ha dirigido una de las medidas más simbólicas hasta la fecha, la devolución de la sanidad a los inmigrantes irregulares. Sin embargo, el presidente no salió ayer en defensa de la ministra a la espera de que el temporal amaine y reciba más información antes de tomar una decisión definitiva. Fuentes de Moncloa respaldaron las explicaciones “claras y transparentes” de Montón, pese a que la ministra no aportó ninguna documentación que acredite la presentación de trabajos para superar las asignaturas, más allá del trabajo fin de máster.

Montón se apresuró a convocar una rueda de prensa en la sede de su Ministerio y ofrecer su versión. “No he cometido ninguna irregularidad. No tiene nada que ver con otros desgraciados casos”, aseveró en referencia a los casos Cifuentes y Casado a los que en ningún momento citó. Durante la comparecencia la titular de Sanidad defendió que dispone de numerosa documentación que acredita que cursó el máster. Incluso dejó ,a disposición de los medios de comunicación los documentos que certificaban sus afirmaciones. “No todos somos iguales”, recalcó la ministra, que descartó dimitir: “Esa posibilidad decae. Yo sí hice el máster y tengo materiales que acreditan mi honestidad”, insistió, tras explicar que había hablado de este asunto con el presidente Sánchez y que él le había pedido que diera explicaciones públicas.

El título era ofertado por el Instituto de Derecho Público (IDP) de Enrique Álvarez Conde, que organizó el de Cristina Cifuentes y Pablo Casado, investigados en los tribunales, pero no es el mismo. En aquel caso era de Derecho Autonómico, y el de Montón es de Estudios Interdisciplinares de Género. La URJC investiga toda la actividad del IDP desde marzo, cuando se destapó el caso Cifuentes, y este máster, en concreto, desde junio.

Las irregularidades que podría haber cometido son varias: la primera es que le convalidaron presuntamente una asignatura de forma indebida; además, la fecha de su título es de junio 2012, cuando terminó el curso en 2011; no acudió de manera presencial a clase durante un cuatrimestre y superó la mitad de las asignaturas del máster sin haber tenido contacto con los profesores que impartían las materias; se matriculó fuera de plazo; y cursó seis de las doce asignaturas cuando el máster ya había terminado.

Sobre la convalidación, Montón aseguró que ella nunca lo ha solicitado, trámite inicial imprescindible para obtenerla. “No hay ninguna convalidación, no es posible”, zanjó. Y el desajuste en la fecha de su título lo achacó a un error administrativo. En relación a la asistencia a clase, la ministra esgrimió un correo electrónico de la directora del curso en el que le comunicaba que el máster podía ser cursado a distancia. El punto en el que se la vio menos convincente fue sobre la fecha de matriculación. No aclaró por qué no se presentó a los exámenes de la primera convocatoria y aprobó las materias en junio.

Montón enseñó su trabajo de fin de máster, sus calificaciones de las asignaturas -todas aprobadas- y varios correos electrónicos, pero ninguno de ellos con profesores del máster más allá de su directora, Laura Nuño, imputada en el caso Cifuentes.

La sombra de los casos de los másters de Cristina Cifuentes y Pablo Casado (la expresidenta de la Comunidad de Madrid está imputada, al igual que varios profesores, y el líder popular a la espera de un pronunciamiento del Supremo) sobrevolaron de inmediato sobre La Moncloa, cuando todavía no han pasado tres meses desde que el presidente del Gobierno español perdiera al ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, a los seis días de haber sido nombrado para el cargo. El periodista se vio obligado a dimitir al destaparse que defraudó 256.778 euros al fisco entre 2006 y 2008. En su discurso de investidura y su defensa de la moción censura que derrocó a Mariano Rajoy, Sánchez hizo bandera de la necesidad de una regeneración ética de la política. Sin embargo, entonces su primer instinto fue salir en defensa de Huerta hasta que la presión política y mediática hizo que tuviera que abandonar a uno de sus fichajes más extravagantes y mediáticos.