barcelona/madrid - La Fiscalía del Tribunal Supremo ultima ya el escrito de acusación provisional que tendrá que presentar ante la Sala de Lo Penal de este órgano una vez se abra juicio contra los miembros del ex Govern de Carles Puigdemont procesados por su implicación en el procés independentista en Catalunya, y mantiene en este documento el delito de rebelión por el que optó en la querella que dio inicio a este procedimiento.

Así lo confirmaron ayer a Europa Press fuentes del Ministerio Público que señalaban -al igual que lo adelantaba El País- que el cambio en la cúpula de la Fiscalía General con la llegada de María José Segarra no ha conllevado nuevas instrucciones para los cuatro fiscales adscritos al caso. Así, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno previsiblemente mantendrán en su informe que la instrucción realizada por el juez Pablo Llarena ha venido a confirmar los extremos incluidos en la querella presentada el pasado 30 de octubre por el ya fallecido José Manuel Maza.

En dicha querella se acusaba indiciariamente a un total de 20 personas -exmiembros del Govern encabezados por Carles Puigdemont y de la Mesa del Parlament- de delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos por hechos que engloban todo el procés que concluyó con la declaración unilateral de independencia (DUI).

El escrito que prepara la Fiscalía no se dirigirá contra todos ellos, tras la huida del propio Puigdemont, cinco de sus exconsejeros y las mandatarias de ERC y la CUP Marta Rovira y Anna Gabriel, que de regresar al Estado serán juzgados en otro procedimiento diferente. Lo que sí parece claro es que se mantendrá la acusación de rebelión para los exmandatarios en prisión que han sido procesados por este delito por el juez Llarena, entre los que se encuentra el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; la expresidenta de la Cámara catalana Carme Forcadell; y Jordi Sànchez y Jordi Cuixart; ex máximos responsables de ANC y Omnium.

El artículo 472 del Código Penal reconoce como sujetos del delito de rebelión a aquellas personas que se alcen “violenta y públicamente” para declarar la independencia de una parte del territorio nacional, para suspender o modificar la Constitución, o para despojar de sus facultades al Rey, entre otros supuestos, y el delito se castiga con entre 15 y 25 años de prisión.

Esta obligatoriedad de ver violencia en la acción de los procesados es la que ha motivado que desde algunos ámbitos jurídicos se haya planteado la dificultad de que pueda condenarse por este delito en concreto.

Sin embargo, en todos los escritos presentados por la Fiscalía a lo largo de la instrucción de la causa esta violencia nunca se ha puesto en entredicho, y por el contrario el Ministerio Público la ha venido señalando de forma reiterada en la actuación y responsabilidad de los procesados en dos fechas concretas: el 20 de septiembre de 2017, con ocasión de las manifestaciones frente a la Consejería de Economía, y por hechos relacionados con el 1 de octubre, cuando se celebró el referéndum independentista ilegal.

Advertencia de jxcat Por su parte, el vicepresidente primero del Parlament y diputado de JxCat, Josep Costa, advirtió ayer de que habrá “consecuencias” si la Fiscalía mantiene la acusación de delito de rebelión y alertó de que así no puede haber un escenario de “diálogo y distensión” con el Gobierno.

En declaraciones a los periodistas en Olot (Girona), Costa defendió que los soberanistas procesados no cometieron los delitos que les achaca la Fiscalía y avisó de que esta acusación sería una “línea roja que tendría muchas consecuencias y muy graves”. - E.P.