vitoria - El Sindicato Unificado de Policía (SUP) tanteó esta semana al PP para conocer la disposición del partido liderado por Pablo Casado a apoyar sus iniciativas para tumbar por la vía judicial la ley vasca de abusos policiales. El actual portavoz del PP en el Senado y exdirector general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, que se mostró dispuesto a estar “vigilante”, fue el intermediario elegido por un sindicato que mañana mantendrá una reunión en Gasteiz con el colectivo de víctimas del terrorismo Covite, la Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (ACFSE) y la Asociación de Ertzainas y Familiares Víctimas del Terrorismo (Aserfavite) para marcar “una hoja de ruta judicial” conjunta para tumbar la normativa.

El SUP recurrió ante la Sala de los contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) la citada ley de resarcimiento a los damnificados por las fuerzas policiales durante el periodo comprendido entre 1978 y 1999. Impugnó la norma por su “inconstitucionalidad” y, sobre todo, por la creación de una comisión de valoración para analizar cada caso que, a su juicio, actuaría de forma paralela a la justicia. El TSJPV lo admitió a trámite, pero es un paso automático si no hay errores de bulto en la demanda.

Aun así, existe otra posibilidad. Y es que el aval del PP en Cortes Generales también permitiría elevar el caso al Tribunal Constitucional por la vía de la cuestión de inconstitucionalidad. De hecho, el anterior Gobierno de Mariano Rajoy impugnó en 2017 la normativa, aunque el presidente socialista Pedro Sánchez ha retirado el recurso tras pactar con el Gobierno vasco una reforma que blindará la seguridad jurídica de la ley. El SUP también tocó la puerta del Defensor del Pueblo.

La cita de mañana en Gasteiz tiene como objetivo analizar “todas las acciones judiciales posibles”. Las fuentes consultadas no avanzan medidas concretas. El sindicato policial no solo tiene entre sus objetivos judiciales la norma vasca, sino que también apuntan hacia el Gobierno de Pedro Sánchez. Estudian la posibilidad de interponer acciones judiciales por presunta prevaricación, al haber retirado el recurso ante el Tribunal Constitucional aun “a sabiendas” de que se trata de una ley “ilegal”. En última instancia, tampoco descartan llegar a los tribunales europeos. - DNA