madrid - El giro del Gobierno en su postura ante la demanda civil emprendida en Bélgica por el expresident Puigdemont y cuatro de sus exconsellers contra el juez instructor del procés, Pablo Llarena, debilita la posición de la ministra de Justicia, Dolores Delgado. La rectificación del Ejecutivo, que pasó de asegurar que no defendería al magistrado por ser un asunto de carácter privado a admitir que se trata de una cuestión de Estado, deja en la picota a Delgado. Más si cabe después de que el presidente Pedro Sánchez saliera ayer al paso de la ceremonia de la confusión para enmendar a la ministra, aunque mantiene su confianza en ella. “El Estado debe defender su soberanía jurisdiccional” en el caso Llarena, evidenció. Mientras tanto, el PP pone en marcha la maquinaria para la dimisión de la ministra y pedirá su reprobación en el Senado, donde cuenta con mayoría absoluta.
Al principio del caso, Justicia se ciñó a que era un asunto privado, y aclaró que solo intervendría si Bélgica cuestionara “la competencia exclusiva y excluyente de la jurisdicción española en la causa penal abierta por el procès”, sin asumir “en ningún caso la defensa del juez Llarena por los actos privados que se le atribuyen”. La vicepresidenta Carmen Calvo hizo suya esta apreciación un día después. La versión mutó posteriormente, sobre todo motivada por las presiones de la Abogacía del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y la mayoría de las asociaciones de jueces. Este lunes ya era una cuestión de Estado. “No se permitirá que se cuestione el ejercicio jurisdiccional de España”, sostuvo la propia Delgado entonces. En todo caso, el caso Llarena ya la había puesto en el disparadero.
La situación de Delgado empeoró ayer. Sobre todo, después de que Sánchez saliera a enmendarle la plana para admitir la obligación de su Ejecutivo de “defender los intereses de España”. Y estos “pasan por defender la actuación jurisdiccional del juez Llarena”. Por último, aseveró que “el Gobierno ha tenido claro que esta no es una cuestión privada, sino de Estado y que va a actuar en defensa de los intereses y de su soberanía” para tratar de zanjar las críticas a las que ha sido objeto el Ejecutivo.
El PP no ha desaprovechado el filón abierto y anuncia que exigirá la dimisión de Delgado o su cese. Plantearán una interpelación en el Senado, tras la cual presentarán una moción para reprobar a la ministra si no abandona su puesto. La propia ministra solicita comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso para explicarse.
traducción errónea Por otro lado, la defensa de Puigdemont y los exconsellers admitió ayer haber traducido al francés de forma errónea -de un sí condicional a un sí afirmativo- uno de sus argumentos para sostener que Llarena vulneró el derecho a la presunción de inocencia de los demandantes. El abogado del expresident, Gonzalo Boye, restó importancia al asunto ya que “no altera el sentido de la demanda”.
