Barcelona - Gonzalo Boye, uno de los abogados del expresident catalán Carles Puigdemont, planteó ayer que las defensas pidan que los “cerca de mil” heridos por la policía el 1-O testifiquen en el juicio que se celebrará en el Tribunal Supremo a la cúpula del procés soberanista. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Boye, abogado de los exconsellers Toni Comin y Maritxell Serret y coordinador de la estrategia internacional de los procesados por el 1-O, entre ellos Puigdemont, indicó que las defensas “tendrían que pedir” la comparecencia como testigos en el juicio de los heridos por la actuación de la Policía y la Guardia Civil. “Hay una cosa clara, Fiscalía y Vox, que van de la mano, van a proponer, me imagino, a los agentes de la Guardia Civil que dijeron ser agredidos, y yo creo que como contrapartida se tendría que admitir a los cerca de mil heridos que hubo como producto de la actuación policial. Creo que el Supremo no lo va admitir, pero se tendría que pedir”, señaló.

Boye aseguró, además, que no cree “conveniente” que Puigdemont se desplace a Francia, porque existe un convenio con España de “persecución en caliente”, ni que pise una embajada española, en Bélgica o cualquier otro país, porque lo detendrían.

Boye calificó la causa judicial contra sus defendidos de “inquisitorial” y aseguró que se tendría que investigar al Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que el pasado miércoles solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que investigue al vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y a los diputados de ERC en el Parlamento catalán Lluís Salvadó y Josep Maria Jové.

También calificó la investigación de prospectiva y explicó que solo se puede recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando se agote la vía interna: “La única posibilidad de buscar justicia es acudir a los internacionales”. Y es que, según señaló, aunque la sentencia se podrá recurrir al Tribunal Constitucional, será firme porque el Constitucional se encuentra fuera de la jurisdicción.

Boye mostró su esperanza en la libertad de los presos, pero apuntó que es algo que depende de la Fiscalía y, sobre todo, de la nueva fiscal general del Estado, María José Segarra. - Efe