madrid - El Gobierno Vasco y el Ejecutivo español rozan ya con la punta de los dedos el acuerdo sobre la ley que busca reparar los abusos policiales cometidos entre 1978 y 1999. Según las fuentes consultadas, ese pacto en ningún caso afectaría al grueso de la ley ni va a desvirtuar su contenido. Se están dirimiendo cuestiones de matiz, lo que va a facilitar que esas modificaciones sean después ratificadas por el Parlamento Vasco. Nadie duda de que EH Bildu y Elkarrekin Podemos podrán sumarse al consenso que alcancen los jeltzales y socialistas o, al menos, no obstaculizar la aprobación de los cambios que se incorporen. Se descarta por completo que el arreglo consista en reparar únicamente a las víctimas cuyo testimonio tenga el respaldo de una sentencia judicial. Ese desenlace supondría asumir el recurso de Rajoy y no sería aceptable para el Gobierno Vasco, que aspira a estudiar el 100% de las denuncias. Tampoco el Ejecutivo de Pedro Sánchez contempla mutilar de esa forma los trabajos. De lo contrario, no hubiera abierto una negociación para retirar el recurso.

Los técnicos de ambos gobiernos llevan trabajando diez días en esta ley, desde el lunes de la semana pasada, con la intención de que el Gobierno español de Pedro Sánchez pueda retirar del Tribunal Constitucional el recurso que interpuso Mariano Rajoy. El acuerdo, que aún no está cerrado, se firmaría con una reunión en Madrid. Se espera que Sánchez anuncie el desistimiento del recurso en el Consejo de Ministros de los viernes. Quedan dos antes de que acabe el mes de julio. Uno de ellos tendrá lugar mañana mismo, y no se descarta que el acuerdo entre en el orden del día. Todo queda a expensas de la decisión política que tome Pedro Sánchez.

La Comisión de Valoración de los casos ya está creada. La preside Juana Balmaseda y forman parte de ella un plantel de expertos entre los que se encuentra el forense Paco Etxeberria. El acuerdo se va a centrar en dejar claro que el procedimiento será administrativo y buscará reparar a las víctimas, y no castigar a los culpables en un proceso penal que suplante a los jueces.

evitar el conflicto No se descarta tampoco que el acuerdo sobre la ley de abusos policiales se vea acompañado de un entendimiento para evitar el recurso a los Presupuestos vascos de este año por la subida salarial a los funcionarios. En ese punto, el acuerdo también se da por hecho al margen de unas discrepancias técnicas sobre el dinero que se destina a los planes de pensiones de Itzarri. De esta forma, el Gobierno Vasco salvaría dos recursos que muy probablemente acabarían con sentencias desfavorables del Tribunal Constitucional. Uno de los empeños del consejero Josu Erkoreka ha sido evitar los contenciosos ante el Constitucional por su inclinación a dar la razón al Estado y recortar paulatinamente ámbitos de decisión a la comunidad autónoma. La ministra Meritxell Batet anunció ante el Congreso su intención de dar una nueva impronta a la relación con los territorios y evitar el conflicto.