madrid - Suma y sigue. El PP no da tregua al gobierno del PSOE. Tras los casos de Huerta y Planas, ahora es el turno al ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Los populares han reclamado su comparecencia ante la Comisión de Investigación de la Financiación de los Partidos Políticos del Senado para interrogarle por la presunta trama de financiación irregular de los socialistas valencianos y del Bloc -el partido mayoritario de Compromís- entre 2007 y 2011. Ábalos fue dirigente del PSPV durante parte de esa etapa que la Justicia ha puesto bajo la lupa y el PP, que sigue cumpliendo a rajatabla su promesa de no dar oxígeno al nuevo Ejecutivo español, traslada el caso a la Cámara Alta.

El Senado está escorado hacia el PP, que tiene una cómoda mayoría, y Ábalos se verá obligado a responder a una batería de preguntas para aclarar cómo se financió el partido en las elecciones de 2007. Un juzgado de Instrucción de Valencia vio indicios de financiación irregular de la campaña al atisbar que una empresa de comunicación ligada al socialismo valenciano, Crespo Gomar, habría pagado actos electorales. La Justicia archivó después las diligencias por haber prescrito.

Sabedor de que las comparecencias parlamentarias son un arma de desgaste, el PP buscará las cosquillas al ministro de Fomento en un momento en el que han redoblado la presión sobre el Gobierno de Sánchez. El listón impuesto a los más altos cargos por el propio presidente en cuanto a la corrupción o las prácticas irregulares ha dado chance a los populares para abrir una veda que se cobró una pieza con el dimitido ministro de Cultura y Deportes Màxim Huerta y a punto ha estado de hacerlo con el ministro de Agricultura, Luis Planas.

Ábalos no será el único en desfilar por el Senado, ya que un día antes, el 26 de junio, será el turno de la presidenta del PSOE y exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, a la que el PP ha citado junto a la exministra de Vivienda Beatriz Corredor para que ambas informen sobre los contratos que sus Ministerios firmaron con empresas implicadas en la supuesta financiación ilegal de los socialistas valencianos.

Más sospechas El PP siguió extendiendo la sombra de la sospecha sobre el Gobierno de Sánchez al advertir de que incurriría en un “caso muy claro de tráfico de influencias” si el Ejecutivo mueve ficha para “desimputar” al titular de Agricultura, Luis Planas. En esa tarea podría ser clave la que podría ser la nueva fiscal general, María José Segarra.