Madrid - El Gobierno español anunció ayer que abordará cuanto antes un análisis integral de la reforma laboral aprobada por Mariano Rajoy. Se descarta una derogación porque provocaría un vacío legislativo durante un largo periodo y no queda demasiado margen para lograr un acuerdo sobre el marco global de las relaciones laborales. Todo apunta a que la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, se inclina por retocar los aspectos más controvertidos y por rebajar la alta temporalidad en los contratos, abordar las demandas de las limpiadoras de hotel (conocidas como kellys), activar la negociación colectiva y promover un incremento salarial. En ese último punto, el viento sopla a su favor. La patronal CEOE y los sindicatos ultiman un acuerdo con un incremento del “2 %, más un componente adicional”. El PSOE se ha fijado como prioridad la agenda social porque se lo pide su electorado, y también porque sus principales socios, Unidos Podemos, van a ejercer un estrecho marcaje sobre su acción de gobierno. Con esta agenda social, Pedro Sánchez se propone estrechar el margen para la crítica del PP y Ciudadanos. En paralelo, el PSOE va a convocar el Pacto de Toledo para abordar el debate de las pensiones, y también activará la negociación de la financiación autonómica.

La ministra Valerio aseguró en la cadena Ser que está “dispuesta cuanto antes” a trabajar en los posibles cambios de la reforma laboral de 2012, sobre todo en los aspectos fundamentales que considera “más negativos” para el mercado de trabajo. “Nos tenemos que sentar y plantear una reforma inmediatamente”, dijo. Asimismo, la ministra aseguró que tiene pendiente un encuentro con los agentes sociales y económicos para empezar a trabajar “con inmediatez”. A juicio de Valerio, la reforma laboral del PP está “en el origen del aumento de la precariedad y de la devaluación salarial”. “Se crea empleo, pero no de calidad”, zanjó.

Por ello, defendió que es “fundamental” recuperar la mesa de diálogo social con los sindicatos (CC.OO. y UGT) y con los empresarios (CEOE y Ceyme) para abordar las cuestiones laborales y de Seguridad Social. “Lo tengo muy claro. Estoy en la calle e incluso viviendo con personas paradas de larga duración. Tenemos un problema de desempleo entre los jóvenes muy importante, pero también los parados de larga duración me preocupan, los mayores de 50, incluso de 45, que se ven excluidos. Hay que hacer muchísima tarea en este sentido”, recalcó. Valerio añadió que hay que retomar el Pacto de Toledo para alcanzar “un gran acuerdo que garantice la sostenibilidad económica de las pensiones”. Así, opinó que hay que completar las cotizaciones con otros ingresos vía impuestos para garantizar el coste de la vida.

La Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo se ha convocado para la próxima semana en el Congreso de los Diputados. Será la primera reunión desde la toma de posesión del Gobierno socialista de Pedro Sánchez. En esta nueva reunión, convocada para las 11.00 horas del martes, la comisión continuará previsiblemente con sus trabajos para renovar las recomendaciones, una vez desbloqueado el debate sobre la revalorización de las pensiones. En sus últimas citas, los grupos políticos habían coincidido en la necesidad de fijar una nueva fórmula para actualizar las pensiones.

financiación autonómica Además, la vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, anunció que su gabinete abordará de manera “inmediata” la reforma de la financiación autonómica y que el presidente, Pedro Sánchez, recibirá a todos los presidentes autonómicos para hablar de ello, incluido el presidente de la Generalitat, Quim Torra. En una entrevista en Canal Sur Radio, Calvo aseguró que se quiere abrir “rápido” la negociación y que se hablará de forma “completamente eficiente”. Este debate concierne a las comunidades de régimen común, no a las forales. La comunidad autónoma vasca blindó el cálculo del Cupo que aporta al Estado hasta el año 2021 en su acuerdo con Mariano Rajoy. - DNA

Cumplir con Europa. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió a los miembros de su gabinete en la primera reunión del Consejo de Ministros que, a la hora de presentar sus iniciativas y medidas, respeten los principios de “estabilidad económica y presupuestaria” derivados de la pertenencia de España a la Unión Europea, esto es, los compromisos respecto de la contención del déficit público. Así lo pidió por escrito a través de una carta repartida a los ministros en la primera reunión.