MADRID - La de ayer fue una jornada histórica en el Valle de los Caídos, donde por primera vez, y tras superar no pocas resistencias que continúan a día de hoy, el mausoleo se abrió para iniciar los trabajos de exhumación de los restos de cuatro fallecidos que permanecen allí desde hace medio siglo, lo que podría facilitar el proceso de recuperación de más cuerpos. En este caso se trata de los hermanos republicanos Manuel y Antonio Lapeña (Zaragoza), cuya exhumación se recoge por mandato judicial, y de Pedro Gil Calonge (Soria) y Juan González Moreno (Málaga), reclutados por el bando nacional y cuya recuperación está avalada por una resolución de Patrimonio Nacional.

A las 9.30 horas llegaron los peritos del Instituto Torroja de Ciencias de la Construcción, perteneciente al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con una gran expectación mediática y un estricto dispositivo de la Guardia Civil. Una hora después fue el turno de los familiares que han logrado el aval para dar sepultura a sus parientes donde crean conveniente, junto a su abogado Eduardo Ranz.

Purificación Lapeña Garrido, nieta de Manuel Lapeña y sobrina nieta de Antonio Lapeña, explicó que este “histórico día” puede allanar el camino para otras familias que quieran buscar y enterrar a sus familiares. Criticó el “intento de humillar siempre a los republicanos” y censuró que “no deberían estar ahí enterrados junto al dictador y en una basílica, ya que muchos no eran religiosos”. La emoción reinante tuvo un sabor agridulce, no obstante, por la negativa de Patrimonio a permitir la entrada a los allegados para presenciar el trabajo de los técnicos, alegando que “no es un buen momento”. Eduardo Ranz, en representación de las familias, consideró esta decisión un “error” y exigió una “buena explicación”.

Lapeña Garrido agregó que el momento de la exhumación provocará “una emoción y un derrumbe emocional” muy fuertes, aunque advirtió de que “queda mucho para eso”. Efectivamente, las labores llevadas a cabo ayer por los peritos tenían un carácter preliminar, para determinar el estado del osario de la cripta del sepulcro y emitir un informe técnico sobre su situación y la forma en que se podría acceder a los restos. “Esta primera parte es arqueológica y la segunda es forense, y se podría realizar de manera rápida”, afirmó el letrado de las familias. Añadió que los cuerpos se encuentran en un “cuarto o quinto piso”, por lo que su recuperación puede ser “más factible”.

Filtraciones de agua En una entrevista publicada por este medio en 2016, con motivo del auto judicial que permitió exhumar a los hermanos Lapeña, el antropólogo forense Francisco Etxeberria expresaba sus dudas respecto a la posible recuperación. “Ha habido filtraciones de agua que han estropeado las cajas de madera, que es como llevaron los restos al Valle”, afirmó. Etxeberria, que participó en una reunión de la comisión de expertos sobre el Valle creada por el Gobierno Zapatero, agregó que “si las cajas se han deshecho y se han mezclado los huesos en alguna de las capillas, la tarea es dificilísima”.

Se estima que, entre la CAV y Nafarroa, hay 1.070 personas enterradas en el Valle de los Caídos -entre 1979 y 1980 ya se produjo un antecedente con la exhumación de los restos de 132 navarros-. Fuentes de la secretaría de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno vasco confirmaron ayer a DNA que “varias familias” pidieron en su día información para comprobar la presencia de sus parientes en el Valle de los Caídos. El Ejecutivo de Gasteiz, en colaboración con la Sociedad de Ciencias Aranzadi que preside el propio Etxeberria, entregó en 2010 siete informes confirmando el mismo número de casos.

El abogado Eduardo Ranz adelantó ayer que hay ocho casos pendientes de la decisión de Patrimonio Nacional para poder iniciar unos trabajos análogos a los iniciados. Al pie del Valle de los Caídos, los presentes destacaron la importancia de que se reúnan los allegados de ambos bandos: “No venimos con revanchismo, solo a recoger a nuestros familiares y llevarlos a casa”. Como contrapunto, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, advirtió de las “dificultades de acceso físico” para realizar las exhumaciones, en base a un informe de expertos de hace años.