La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) es la sexta universidad pública de la Comunidad de Madrid. En sus poco más de 20 años de vida se ha ganado una fama que la sitúa entre las peor reputadas de todo el sistema educativo español. El caso del presunto fraude en el máster de Cristina Cifuentes ha servido para sacar a la luz escándalos que llevaban tiempo incubados en la universidad. Para las alumnas y alumnos, el sistema implantado por el Rectorado, hoy encabezado Javier Ramos, siempre ha sido transparente y bien conocido. Con el “Caso Cifuentes”, un alumnado un tanto adormilado retoma las protestas contra los órganos de gobierno.
Creada en 1996, bajo la presidencia de Alberto Ruiz Gallardón, la institución cuenta en la actualidad con más de 40.000 estudiantes y más de 1.500 profesores. Tiene sus sedes repartidas por cinco campus diferentes: Móstoles (donde se ubica el Rectorado) Fuenlabrada, Alcorcón, Aranjuez y Vicálvaro. Cuenta, además, con otras dos sedes y un palacete en el centro de la ciudad. Las facultades se reparten por estos campus, obligando a los docentes a desplazarse de uno a otro, y muchas titulaciones se imparten en diferentes al mismo tiempo. Teniendo en cuenta que entre Fuenlabrada y Vicálvaro hay 30 kilómetros en coche particular, media hora aproximadamente, y casi hora y media en transporte público, la Rey Juan Carlos es lo contrario precisamente a un ejemplo en eficiencia y organización.
Pero hubo un tiempo en el que esta universidad no era lo que hoy parece. O al menos en parte. Hasta el año 2014 era la única del Estado que tenía en su plan de estudios la titulación en Igualdad de Género. El anterior rector, Fernando Suárez, cerró el grado argumentando falta de demanda y un mantenimiento demasiado costoso. Sin embargo, en 2016, y también con Suárez como rector, la URJC compró al Ministerio de Defensa un palacete en el centro de Madrid, cuyo anterior propietario fue el general franquista Millán Astray. Los 7 millones de euros que constó el edificio serían, según la propia universidad, “para ayudar a promocionar la institución de cara al exterior tras ser reformado”. En 2017 fue ocupado por el colectivo ultraderechista y xenófobo Hogar Social Madrid y, a día de hoy, la URJC sigue sin utilizarlo para el motivo de su compra.
Hoy la sospecha por tratos de favor y fraude planean sobre la universidad y no es la primera vez, ni tampoco su relación con el Partido Popular. En 2015 y bajo el mandato de Fernando Suárez, la Universidad entró en el debate público por mantener a Rodrigo Rato con el título de honoris causa a pesar de su implicación en el “caso Bankia”. Dos años después, el propio Suárez fue acusado de plagiar hasta diez trabajos académicos. El entonces rector no dimitió y nunca dio explicaciones al respecto. Adelantó las elecciones, anunció que no se presentaría pero postuló para el cargo a Javier Ramos, conocido como el rector de la “candidatura oficialista”. Ramos salió elegido sin grandes problemas venciendo a la candidatura de la catedrática de Comunicación Rosa Berganza en unas elecciones acusadas de amaño. Ya en 2018, la universidad presidida por Ramos vuelve a estar de actualidad por la implicación de Cristina Cifuentes, Pablo Casado y otros cargos del Partido Popular en un presunto fraude en sus titulaciones de máster que dependen del Instituto de Derecho Público.
Control político
Popularmente la Universidad Rey Juan Carlos se conoce como la universidad del PP. Camuflada como proyecto educativo del gobierno de Gallardón, quiso competir desde su origen con la Carlos III, impulsada en 1989 por el PSOE. Pero desde entonces, ha sido dominada por completo por los rectores y su entorno, cercano a los intereses del Partido Popular. Cada vez son más las denuncias desde dentro de la institución sobre decisiones a dedo en despachos, o despidos por contradecir las posiciones oficiales. Rosa Berganza señalaba tanto a Suárez como a su predecesor, y actual magistrado del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, como los creadores de una “red clientelar” que fomentaba el miedo al despido entre los profesores de la institución. De hecho, Berganza fue la única catedrática que se atrevió a presentarse a unas elecciones en las que Ramos, como delfín de Suárez, tenía todas las de ganar.
Una muestra de estas denuncias es el trabajo de los profesores de máster. Los salarios por impartir clase en estas titulaciones se pagan como complemento a las nóminas de los docentes, pero no existe un tribunal que dictamine los méritos de cada profesor, sino que son elegidos a dedo. Así la posibilidad de impartir estas clases o participar en otras actividades académicas depende de que un catedrático lo decida. Por eso la pertenencia o afinidad con alguna de las “familias” de la URJC es tan importante para algunos docentes.
Despertar estudiantil
Javier Ramos basó su campaña electoral en una autoexigencia de transparencia. Casi un año después de ser elegido, sus promesas se han quedado sólo en eso. Tampoco ha cumplido en el caso de Cifuentes, sobre la que ha dado dos versiones contradictorias, pese a las exigencias por parte de órganos como el Consejo de Estudiantes.
La concentración del pasado lunes en el campus de Vicálvaro fue secundada por cerca de 200 estudiantes. Pero hay que puntualizar que esto no siempre ha sido así. Generalmente el campus de Vicálvaro es un lugar tranquilo donde no se ven, salvo excepciones, pancartas ni carteles que no sean los oficiales. Dicho de otro modo, en Vicálvaro los eventos de empresas privadas arman más escándalo que las protestas estudiantiles. Ni cuando diferentes medios de comunicación publicaron los plagios en documentos académicos del rector Suárez se alcanzaron las cifras actuales de participación. El miedo a hablar o a contradecir las posturas del rector y su entorno marcó el paso para quienes querían seguir ligados a él. Todas las personas que acuden a concentraciones o platós de televisión estos días no estuvieron para exigir la dimisión del anterior rector.
Con todo el revuelo que ha generado el presunto fraude de los másteres, las protestas y la agitación han vuelto a los campus de la Universidad Rey Juan Carlos. La concentración en Vicálvaro ha despertado al alumnado universitario con la misma intensidad con la que se reaccionó a la retirada del grado en Igualdad de Género en el año 2014. Ni los plagios de Suárez, ni el traslado de titulaciones entre campus provocaron la movilización que hoy se vive. Es cierto que la dispersión de las titulaciones, en hasta siete sedes diferentes, no favorece las relaciones entre los estudiantes y profesores. Pero en esta ocasión el alumnado de la URJC ha decidido no resignarse ante los escándalos que minan la confianza de una universidad pública. No todo lo que se hace en este centro universitario está mal hecho, claro que no, pero si no se actúa correctamente, los escándalos que le salpican pueden devaluar el futuro de los actuales estudiantes y provocar rechazo en los nuevos. El árbol de las manzanas podridas del PP ha echado raíces en la Rey Juan Carlos. Pero en las manos de su rector, sus profesores y su alumnado está el futuro de una universidad joven, numerosa, y con una oferta académica interesante.
Alumnos: 41.458
Personal de Investigación (docentes e investigadores): 1.569
Personal administrativo: 635
Presupuesto: 154 millones
Sedes: La URJC tiene 5 campus en Móstoles, Fuenlabrada, Alcorcón, Aranjuez y Vicálvaro. Además tiene dos sedes menores en el centro de Madrid donde se imparten mayoritariamente másteres (Manuel Becerra y Quintana) y 6 centros privados adscritos que imparten titulaciones oficiales reconocidas por la universidad.