MADRID - “Que luego no digan que no sabían las consecuencias”. Así de gráfico y contundente se expresó ayer el Gobierno español, a través de su portavoz Íñigo Méndez de Vigo, ante la querella por prevaricación que el Parlament presentará contra el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, por vetar la investidura de Jordi Sànchez. El Ejecutivo de Mariano Rajoy estima que la Cámara catalana, con su presidente Roger Torrent, a la cabeza, puede incurrir en una posible “malversación, además de otros delitos”, debido a la advertencia de los letrados de esa institución que han aconsejado que sean los grupos o los diputados afectados directamente quienes la tramiten en lugar del Parlament. “Que luego no digan que no sabían las consecuencias, porque se lo han advertido con toda claridad”, avisó Méndez de Vigo, a modo de amenaza aludiendo, sin nombrarlos, a los dirigentes soberanistas que se encuentran encarcelados por la causa del procés.

El ministro insistió en “recordar que los cuerpos funcionariales, en referencia a los letrados, están al servicio de la cámara y es bueno seguirlos”, después de que la Mesa de la Cámara diera luz verde a la querella con los votos a favor de JxCat y ERC, que tienen mayoría, y los votos en contra de Ciutadans y PSC. Los comunes comparten la idea pero preferían de entrada optar por otras vías por las “dudas jurídicas, y CUP y PPC no tienen derecho a voto. Los letrados expresaron su duda porque entienden que puede que no tenga viabilidad y que es cuestionable que sea de interés público. En concreto, la Mesa acordó “interponer contra el magistrado o magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo que resulten responsables de los hechos consistentes en la vulneración consciente y deliberada los derechos políticos fundamentales de los diputados del Parlament, y particularmente de los candidatos Jordi Sànchez y Jordi Turull”, por ser decisiones “manifiestamente arbitrarias, injustas y contrarias a Derecho”.

torrent estudia ir a ginebra En la Mesa se produjo un intenso debate pero Torrent, que estudia comparecer la semana próxima ante el comité de derechos humanos de Naciones Unidas en Ginebra para internacionalizar el caso Sànchez, rechazó la posibilidad de consultar sobre la idoneidad de presentar la denuncia aunque sí aceptó elevar una protesta formal. La iniciativa tuvo finalmente el apoyo de Catalunya En Comú-Podem. Su portavoz, Elisenda Alamany, afirmó que su grupo ve “con buenos ojos” la querella como respuesta “a la deriva autoritaria del Estado y sus tribunales” y a “la regresión de derechos y libertades que sufre Catalunya”. Por contra, C’s, PSC y PPC airearon su frontal oposición. Así, la líder naranja, Inés Arrimadas, criticó que Torrent “presente una querella política para presionar a los jueces”, usando a la Cámara “al servicio de la defensa” de Sànchez, mientras que el portavoz del PPC, Alejandro Fernández, avisó de que los partidos independentistas podrían recaer en un delito de malversación de fondos públicos. La portavoz de PSC-Units, Eva Granados, reprochó a los soberanistas que hagan un “uso partidista” del Parlament como una “arma arrojadiza” contra el Supremo, si bien descartó que la querella pueda ser constitutiva de un delito de malversación.

Respecto a la situación generada por la decisión de Llarena de no permitir que Sànchez pueda ser investido ni por vía telemática, Méndez de Vigo señaló que “lo único que proponen los independentistas son “candidatos imposibles”. El ministro sustentó este calificativo en la resolución del TC que “dice cuáles deben ser las condiciones para hacer posible la investidura”. De esta forma, “si hacen proposiciones una y otra vez imposibles, podemos estar así mucho tiempo, pero es más de lo mismo”.

También el propio presidente español, Mariano Rajoy, se dirigió ayer al independentismo asegurando que los soberanistas faltan a la verdad afirmando que España es un Estado represor, algo que, a su juicio, solo se puede sostener instalado en el “sectarismo” y “no merece la pena hablar un minuto” de lo que es España porque forma parte de la Unión Europea. “España es una democracia, un Estado de Derecho en el que hay plena separación de poderes. A nadie se le ocurre, salvo que por la vida se conduzca de manera sectaria, hacer esas afirmaciones”, valoró. Rajoy matizó que “lo único que tiene que hacer” el Parlament “y lleva incumpliendo” desde el 21-D es “elegir a un presidente de la Generalitat que cumpla la ley”.