BRUSELAS - Primero fue la justicia germana y ahora Europa quien ha propinado una bofetada a la judicatura y el Gobierno de España. La comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, estimó ayer que Alemania se comportó “de acuerdo a las reglas” en relación con la petición de entrega al Estado de Carles Puigdemont. “Tendría que mirar los detalles, pero creo que en este caso específico Alemania actuó de acuerdo a las reglas”, se pronunció al referirse a la decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein de desestimar el delito de rebelión del que acusa al expresident el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. La justicia alemana rechazó el pasado 6 de abril extraditar al exJefe de Govern al considerar que no se cumple el requisito de que hubiera violencia, entendiendo ésta tal y como ha sido fijada en la jurisprudencia del Supremo alemán.

En nombre de la Comisión Europea (CE), la comisaria subrayó que los expertos de su equipo “no le han alertado sobre ninguna aplicación errónea de la euroorden” en Alemania. Y es más, Jourová descartó igualmente que la CE esté planeando ampliar la lista de delitos por los que se puede cursar una euroorden, una negativa que ya había expresado el pasado mes de diciembre después de que España estimara que la lista había quedado “obsoleta”. “No tengo ningún requerimiento de este tipo de ninguno de los Estados miembros. Tuvimos algo de debate con los colegas españoles el año pasado, pero en este momento no estamos continuando este diálogo”, explicó la comisaria checa.

Para Jourová, la orden de arresto europea tiene “otros problemas”, como las diferencias entre Estados miembros respecto a los niveles de bienestar en las prisiones, ya que en algunos países las cárceles “no cumplen con los estándares necesarios”, aunque incidió en que se trata de un problema que no tiene que ver con el caso de Puigdemont.

Otra historia es que miembros de las fiscalías de España y Alemania se reunirán previsiblemente hoy en La Haya para intercambiar información sobre Puigdemont y estudiar si es posible incorporar nuevas pruebas para que sea entregado por los delitos de rebelión o sedición, y no solo por el de malversación. Allí tiene su sede Eurojust, el órgano de la Unión Europea encargado de reforzar la cooperación judicial entre los países miembros. El tribunal alemán está a la espera de que el Supremo le aporte más pruebas acerca de la malversación de 1,6 millones que atribuye Llarena a los líderes independentistas en su auto de procesamiento. El objetivo de la cita es intentar demostrar a los fiscales alemanes que existen pruebas suficientes para justificar los delitos de rebelión y sedición. Y, aunque la fiscalía germana no tiene posibilidad de recurso para darle la vuelta a la decisión del tribunal regional, se están intentando explorar dos vías. Por un lado, que la fiscalía alemana se dirija a la audiencia de Schleswig-Holstein para que reconsidere su decisión a la luz de las nuevas pruebas aportadas por España. Y, por otro, que el tribunal, en caso de tener dudas sobre qué hacer, pueda incluso plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

no desgastar a llarena Esta estrategia persigue además no desgastar la imagen de Llarena. La intervención del magistrado llegará cuando Alemania, una vez analizadas las nuevas pruebas aportadas desde España, más detalladas, informe de “las condiciones de la entrega” de Puigdemont. Si en ellas se incluye el veto de poder juzgar al expresident por rebelión -y ni tan siquiera sedición- será Llarena quien presente una cuestión prejudicial al Tribunal de la UE. Le preguntará, entre otras cosas, si el tribunal de Schleswig-Holstein, al negarse a entregar a Puigdemont por rebelión ha interpretado correctamente las directrices de la normativa que regula la euroorden.

Las demás euroórdenes lanzadas por el juez a Bélgica y Escocia, donde hay cinco dirigentes soberanistas exiliados, quedarían también paralizadas a la espera de que Luxemburgo resuelva la cuestión prejudicial de Llarena respecto a Alemania, que por vía de urgencia podría durar unos tres meses. Si se cree que la justicia alemana interpretó correctamente la normativa europea sobre la euroorden, el Supremo entendería que habría que rechazar la entrega del expresident.

Curiosamente, Alemania, que suele pedir a España anualmente el doble de euroórdenes que a la inversa, tiene en este momento ante la Audiencia Nacional una petición para que se le entregue a un ciudadano que ha cometido graves delitos en su país.