La decisión del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein de eximir a Carles Puigdemont del delito de rebelión por los acontecimientos del pasado otoño ha dado un giro de 180 grados a la partida de ajedrez judicial que libran el Estado y los encausados por liderar el procés. Son varias las salidas posibles para esta situación.

suspender la euroorden La que más fuerza tenía ayer era la de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena consiga ganar tiempo y suspender temporalmente la euroorden, sin retirarla, mediante la elevación de una cuestión prejudicial, una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo sobre la negativa de los jueces alemanes a secundar la acusación de rebelión.

La consulta, a la que se adheriría la Fiscalía del Estado alegando que Alemania debió limitarse a prestar a España “un apoyo práctico y administrativo”, según anunció ayer el propio organismo, plantearía cómo deben interpretarse las normas que regulan las órdenes internacionales de detención en la UE. Indirectamente podría suponer cuestionar si los jueces alemanes se han extralimitado, si han sido correctamente aplicadas esas normas. De optar por esta decisión -Llarena no actuará como mínimo hasta que el Supremo reciba oficialmente la negativa alemana a acusar a Puigdemont de rebelión-, el president cesado quedaría de forma temporal fuera del proceso penal, y el Supremo a la espera de un nuevo giro jurídico a favor de sus tesis.

ampliar la orden Por otro lado, la consulta al TJUE también puede desarrollarse en torno a cuáles son las acciones que Llarena puede tomar tras la decisión alemana. Se abriría así la puerta a una nueva petición con nuevos delitos a Alemania que, en todo caso, no daría una muy buena imagen de la Justicia española, muy tocada por el varapalo de los jueces alemanes. No hay que olvidar que la decisión llega después de varias sentencias europeas desfavorables para España, principalmente en materia de lucha antiterrorista y respeto a los derechos humanos.

retirar la euroorden Otra posibilidad a la que puede agarrarse Llarena es aquella por la que ya optó en diciembre, cuando ante las reticencias de Bélgica a aceptar el delito de rebelión decidió retirar la euroorden. El juez se reservaría así la posibilidad de repetir la jugada del pasado 25 de marzo y esperar a que Puigdemont salga de Alemania para tratar de forzar su detención en otro país más proclive a avalar sus tesis. En todo caso, una vez gastada la bala germana no parece una opción que contribuya a restaurar la imagen en Europa de la Justicia española.

un delito, dos juicios Si Llarena opta por seguir adelante con la euroorden y Puigdemont es entregado por malversación solo se le podría juzgar por ese delito y los otros doce procesados lo serían también por rebelión. Éstos podrían recurrir dada la evidente situación de desigualdad, y el propio juez ya señaló en el auto de diciembre en el que retiraba la euroorden belga que lo hacía porque podría generar “respuestas contradictorias y divergentes para los distintos partícipes”.

rebajar todas las acusaciones No es desde luego el escenario más probable dada la contundencia de la actuación judicial contra el procés, pero es otra de la posibilidades sobre la mesa. Si Puigdemont es extraditado por malversación, y en aras a aplicar el mismo rasero a todos los acusados, Llarena podría rebajar las acusaciones de los otros doce procesados con lo que ello implicaría tanto de cara a un eventual juicio o condena como a las actuales medidas cautelares impuestas. La respuesta del Estado al procés, que Rajoy ha fiado únicamente a la acción judicial, quedaría así sensiblemente devaluada.

la situación de los huidos La salida de prisión de Puigdemont se sigue con ansiedad desde las cárceles de Estremera y Alcalá Meco, pero también desde Bélgica, Suiza y Escocia. En Bruselas, los exconsellers Toni Comín (acusado de rebelión, como Puigdemont), Meritxell Serret y Lluís Puig quedaron en libertad restringida tras presentarse ante un juez belga y después de reactivar Llarena la euroorden que pesaba sobre ellos.

En Suiza están Anna Gabriel (CUP) y Marta Rovira (ERC). A la primera solo se le acusa desde España de un delito de desobediencia y no pesa sobre ella orden alguna de detención fuera del Estado, pero a Rovira se le imputa rebelión y por tanto sí se ha solicitado a Suiza su detención. En ese contexto ha sido detenido y puesto en libertad en España el informático Hervé Falciani, cuya extradición demanda Suiza y que podría ser una moneda de cambio para lograr la captura de Rovira. Por último, la exconsellera Clara Ponsatí está a la espera de que la Justicia escocesa se pronuncie sobre su situación. Acusada también de rebelión, ha sido citada de nuevo el próximo día 12.

los juristas opinan Entre los juristas del Estado español la mayoría son refractarios a la doctrina adoptada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y la Fiscalía en el contencioso de Puigdemont. En conversación con este diario, los catedráticos Joxerramon Bengoetxea y Javier Pérez Royo, así como el juez emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín coinciden en que si se confirma que el president destituido de la Generalitat no puede ser juzgado por rebelión en el Estado, el resto de los encausados encarcelados en España -subordinados de Puigdemont- tampoco podrán serlo.