BARCELONA - A la espera de que se concrete la fórmula a través de la que legitimar a Carles Puigdemont como president de la Generalitat pese a permanecer en Bélgica, una cuestión que para Junts per Catalunya es “innegociable”, el debate en el seno de este partido se centra en quién liderará el Govern operativo que se situaría en Catalunya. Son dos los nombres que hay sobre la mesa para posibilitar este doble ejecutivo: la portavoz parlamentaria de la formación, Elsa Artadi, y el expresidente de la ANC y número dos en la candidatura de JxCat en las elecciones del 21-D, Jordi Sànchez.

Así lo confirmaron fuentes del partido de Puigdemont consultadas por este diario, que no ocultaron la diferencia fundamental entre los dos aspirantes a ocupar el Govern que se encargaría de adoptar las decisiones ordinarias del día a día: la situación procesal que pesa sobre Sànchez, en prisión preventiva desde el pasado 16 de octubre y cuya liberación ha rechazado de forma reiterada el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa, Pablo Llarena.

Pese a que un informe de la Guardia Civil trató de relacionar a Artadi con el referéndum del 1-O, ello no ha sido suficiente para que el magistrado la haya llamado a declarar. No obstante, aunque se mantiene libre de cualquier sospecha judicial, la que fuera responsable de la campaña de JxCat para el 21-D tiene reticencias personales de cara a ocupar esa eventual presidencia de la Generalitat con sede en Barcelona.

Otras fuentes del soberanismo catalán apuntaron a las resistencias que el nombre de Sànchez provoca en ERC por haberse alineado con JxCat pese a provenir de los movimientos sociales. En el caso de Artadi, quien no ve con buenos ojos su posible candidatura es el PDeCAT, formación de la que dio de baja en la víspera de integrarse en las filas de JxCat. Desde este partido quitaron hierro a la presión que viene ejerciendo ERC para arrinconar a Puigdemont -sobre el que pesa una orden de detención en cuanto regrese al Estado español- y optar por un candidato a president más posibilista. “La decisión depende solo de nosotros”, dijeron, e insistieron en que el acto de reconocimiento y legitimación de su cabeza de lista electoral se producirá sí o sí.

Fuentes soberanistas agregaron a este medio otro factor a tener en cuenta, la posible inhabilitación para cargo público que perseguiría el juez Llarena en base a la Ley de Procedimiento Criminal, y que supondría, esta vez sí, el fin de la vía de Puigdemont. Hasta entonces, no se dará “ni un paso atrás” ni se buscará un candidato alternativo. En lo que coinciden todas las voces consultadas es en la necesidad de evitar una nueva convocatoria electoral.

Después de que JxCat quedara por delante de ERC en los comicios de diciembre, la relación entre los que fueran socios de gobierno se ha ido enfriando. La declaración de la republicana Marta Rovira el lunes en el Supremo, en la que desveló que trató de desconvocar el 1-O por la violencia policial pero Puigdemont se negó, sentó como un tiro en el partido del president cesado. Anteriormente, las decisiones del presidente del Parlament, Roger Torrent, de aplazar el pleno de investidura previsto el 30 de enero, de no admitir la semana pasada a trámite la reforma legal para la investidura a distancia de Puigdemont y de acudir a instancias europeas de cara a garantizar dicho nombramiento, también causaron un hondo malestar.

Ayer se celebró una nueva reunión de la Mesa del Parlament, que volvió a aplazar la reforma de la ley de Presidencia que propugna JxCat. En su lugar, encargó un informe a los letrados de la Cámara para clarificar las dudas en torno al texto. Esta decisión fue adoptada con el visto bueno de ERC y JxCat, pese a que esta formación no lo veía necesario, lo que generó tensión entre ambos durante el encuentro.