MADRID - El Gobierno de Mariano Rajoy considera que la decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, de aplazar el pleno de investidura de Carles Puigdemont es la “consecuencia obligada” de la actuación del Estado de Derecho, tanto por la acción del Gobierno como de los tribunales. A su entender, se ha evitado “una burla a la democracia” gracias al recurso del Ejecutivo y las medidas cautelares acordadas el sábado por el Tribunal Constitucional, según indicaron fuentes de Moncloa.
El Ejecutivo de Rajoy insiste en que el respeto a la legalidad y el aplazamiento del pleno en el que a su juicio se iba a investir de “manera fraudulenta” a Puigdemont se deben tan solo al trabajo realizado en Moncloa y por la judicatura.
Tras asegurar que los independentistas saben que están obligados a cumplir la ley como el resto de ciudadanos, las mismas fuentes consultadas recalcan que el Gobierno de Mariano Rajoy seguirá velando por defender la ley y las instituciones en todo momento.
Precisamente antes de que Torrent anunciase ese aplazamiento, Rajoy le advirtió de que tiene que ser “muy consciente de las responsabilidades” en que puede incurrir si “se salta” la resolución del Tribunal Constitucional, en la que se prohíbe celebrar una investidura de Puigdemont que no sea presencial y con previa autorización al juez para poder asistir a la sesión plenaria.
“El presidente del Parlament incurrirá en responsabilidades por incumplir una resolución de los tribunales y todos aquellos que apoyan su decisión. Espero y deseo que eso no sea así porque en Catalunya hay que recuperar la normalidad institucional, social y económica”, declaró Rajoy en una entrevista en TVE.
Tras asegurar que un “prófugo” de la Justicia no puede ser presidente de la Generalitat, el líder del Ejecutivo español confió en que eso finalmente no se produzca. En su opinión, Carles Puigdemont está “generando un grave problema a todos, incluso a los propios partidos independentistas”. - E.P.
