El TC admite que no había precedentes en su decisión y se escuda en la “urgencia”

En el auto al completo en el que el Constitucional impone la prohibición de la investidura telemática, defiende dicha medida cautelar adoptada ante el recurso del Gobierno español -que ha quedado pendiente de admisión- alegando que primaba la urgencia por no permitir males difíciles de reparar, es decir, que se consume la elección a distancia de Puigdemont. “El Tribunal entiende que puede decidir la suspensión de los actos o disposiciones recurridas, antes de acordar sobre la admisión a trámite de la impugnación, si considera necesario adoptar esta medida con el fin de evitar que, mientras se tome esta decisión, la eficacia de los actos impugnados cause los daños que el Gobierno a través de la suspensión pretende evitar”, dice el auto.

En resumen, el órgano judicial optó por la vía de en medio. No aceptó el recurso del Gobierno español, pero tomó la medida cautelar para evitar la elección telemática. Además, requiere a Puigdemont que solicite autorización al juez en caso de que quiera acudir en persona. Finalmente, el president cesado ha optado por ignorar esta fórmula y solamente ha pedido amparo al presidente del Parlament, Roger Torrent. Hoy se verá si opta por presentarse o no en la Cámara catalana.

La decisión la tomaron los magistrados del Constitucional por unanimidad, tras un largo debate de seis horas el sábado. Todo ello en medio de supuestas presiones de miembros del Gobierno español a dichos jueces. El Ejecutivo español había recibido previamente el rechazo del Consejo de Estado, que cree que al no haberse producido el Pleno, no se puede impugnar la celebración de la votación.

La realidad es que el Tribunal Constitucional no acostumbra a tomar medidas sobre actos o hechos que aún no se han producido, por lo que esta prohibición puede considerarse una excepción en su jurisprudencia. En 2003, este mismo tribunal ya se pronunció en contra de impedir que se debatiera en el Parlamento Vasco el proyecto de nuevo estatus político del entonces lehendakari Juan José Ibarretxe, ya que el documento todavía no se había aprobado ni se le habían añadido enmiendas, por lo que ni siquiera existía el texto final.

En la jornada de ayer las reacciones políticas a la argumentación del Constitucional fueron de lo más diversas. Para empezar, en el PP niegan que estén insatisfechos con la decisión del órgano a pesar de que ha dejado en suspenso el recurso del Gobierno español. De hecho, el propio Mariano Rajoy aseguró que la medida cautelar les “ha reconfortado” porque impide que Puigdemont, que a su juicio ha pretendido “liquidar la unidad nacional”, pueda ser “presidente de nada”. Rajoy opinó en una entrevista en Cope que la resolución del Tribunal Constitucional “es muy clara” y celebró que no se vaya a reelegir a “un señor fugado de la Justicia”.

En Ciudadanos también se mostraron favorables a que se impida la elección no presencial del candidato de JuntsxCat, ya que se imposibilita así que tenga lugar el “circo en su honor” que creen que sería una investidura por plasma. “Si quiere ser investido, tendrá que venir a España, por que no vale no querer dar la cara”, expresó el secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas. En su opinión, Puigdemont debería regresar para “dignificar” el Parlament, en lugar de “secuestrarlo” y volver a “retorcer” la ley.

‘Minority report’ En el seno de Podemos sí se mostraron críticos con la decisión judicial e incluso la compararon con la película de ciencia ficción de Tom Cruise, Minority Report, en la que una policía precrimen actúa contra delitos que aún no se han producido. Su secretario general, Pablo Iglesias, explicó en una rueda de prensa que no solo a él le ha parecido llamativa la decisión preventiva del Constitucional, sino que a “muchos” juristas de diferente “pelaje” ideológico también les ha sorprendido. Iglesias critica además que el auto responde a “algo que no se le ha preguntado” en el recurso del Gobierno español.

Curiosamente, los comunes valoraron positivamente la decisión del Tribunal Constitucional, debido a que no admite el recurso del Gobierno español. En palabras de la portavoz de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany, el auto supone un “revés” a la “chapuza autoritaria” impulsada por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría para frenar la candidatura de Carles Puigdemont.

Elisenda Alamany lamentó asimismo que el Ejecutivo de Rajoy “fuerce el poder judicial” para sus propios fines en lugar de ofrecer soluciones políticas a un conflicto que lleva años enquistado en los tribunales.