Gasteiz - Es “otro caso normal”, en palabras de Jaime Tapia, presidente del tribunal de la Audiencia Provincial de Álava que a partir del lunes enjuiciará al exdiputado alavés de Administración Local y Equilibrio Territorial, Alfredo de Miguel, y a otros 25 imputados. Es “normal” desde el punto de vista puramente jurídico, pero no lo es, desde luego, desde el organizativo y mediático. Para poder desarrollar el juicio, que se prolongará como mínimo hasta el mes de octubre, ha sido necesario invertir 100.000 euros en acondicionar una sala por la que pasarán 150 testigos y peritos, y habilitar un espacio separado para todos los periodistas acreditados. El objetivo es dilucidar si De Miguel y sus socios crearon una trama de empresas pantalla para derivar presuntas comisiones obtenidas ilícitamente en torno al Parque Tecnológico de Álava y a administraciones gobernadas por el PNV, partido del que los principales imputados eran militantes cuando supuestamente ocurrieron los hechos.

Según explicó ayer Tapia, en la Audiencia alavesa han estudiado la logística de otros macroprocesos desarrollados en otras provincias, y entre otras cosas se ha decidido “dividirlo en pequeños juicios, lo que permitirá gestionarlo más fácilmente”. En todo caso, el presidente del tribunal señaló que estos juicios suelen ser “una caja de sorpresas” simplemente porque su prolongación durante meses los somete a todo tipo de imponderables. Como ejemplo puso el de un proceso similar desarrollado en Tenerife en el que “el presidente estuvo dos meses enfermo y hubo que parar el juicio”.

El magistrado dijo que ni él ni los otros dos jueces del tribunal, Elena Cabero y Raúl Aztiria, sienten “ningún tipo de presión de ninguna característica” en un macrojuicio que dedicará las dos primeras semanas a las cuestiones previas, para entrar a analizar lo sucedido a partir del 19 de febrero. Además de al núcleo de los imputados, a quienes se acusa de operar en torno a la empresa Kataia Consulting, se juzgará al exdirector de Juventud y Acción Comunitaria del Gobierno Vasco, Xabier Sánchez Robles; al exviceconsejero de Cultura Gurutz Larrañaga; o a la alcaldesa de Zambrana entre 1995 y 2007, María Justina Angulo.

Orden de las declaraciones Pese a que “ha requerido un esfuerzo de organización importante, en cuanto a su desarrollo es un juicio más”, insistía ayer Tapia, quien aseguró que el tribunal lo abordará “desde un punto de vista profesional, que es lo que esperan los ciudadanos; no hay nada diferente a otros casos que enjuiciamos habitualmente”.

Uno de los aspectos que habrá que aclarar en estos primeros compases del juicio es si los acusados declararán al principio o al final del mismo, una decisión que se adoptará en función de las alegaciones de las partes, aclaró el magistrado. En cuanto al principal acusado, Alfredo de Miguel, para el que la Fiscalía pide más de 54 años de cárcel, sus abogados hablan de un relato de acusación “fabulado”, “huérfano de prueba” e incluso “rocambolesco”.