sevilla - El exinterventor de la Junta de Andalucía Manuel Gómez, procesado en el juicio de los ERE ilegales junto a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otra veintena de ex altos cargos, asegura que “no omitió” su deber de control y alertó en “numerosos informes” de irregularidades administrativas. En su escrito de defensa, leído ayer en la tercera sesión del juicio contra 22 excargos del Gobierno andaluz, Gómez mantiene que “plasmó en los correspondientes informes las irregularidades detectadas” en el sistema de concesión de ayudas públicas y “los remitió a quienes tenían competencia y poder decisorio para adoptar las medidas oportunas”. El exinterventor se enfrenta a ocho años de cárcel por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y asociación ilícita.

Finalmente, y como se preveía, las cuestiones previas que tienen previsto presentar las diferentes partes quedará para el 9 de enero, cuando se retomará la causa, después de que las tres jornadas celebradas esta semana hayan sido copadas por la lectura de los escritos de las acusaciones y las defensas. Después será el turno de la declaración de Chaves, Griñán y los exconsejeros procesados.

Todos ellos basan sus defensas, leídas entre el jueves y ayer, en que el sistema por el que entre 2001 y 2011 se concedieron 854 millones de euros en ayudas sociolaborales no era ilegal, y así lo avalan los órganos de control, entre ellos la Intervención, que no emitió informe de actuación para paralizar su concesión ni contra las modificaciones presupuestarias aprobadas para hacer frente a esos gastos. El exinterventor alegó que sus escritos eran favorables por la “corrección procedimental” seguida en el pago de las ayudas. - Efe