madrid - El secretario general de Instituciones Penitenciarias defendió ayer la vigencia de la política de dispersión de los presos de ETA porque la banda, a pesar de anunciar el fin de su actividad armada y más recientemente hacer entrega de su armamento, sigue manteniendo el control de los reclusos. Ángel Yuste puso voz al argumentario que sobre este tema mantiene el Gobierno de Mariano Rajoy que, hasta ahora, ha vinculado más la suerte de los internos etarras al desarme de la banda y a su disolución pendiente.

El máximo responsable de Prisiones del Gobierno español subrayó que la dispersión de los presos de ETA ha dado buenos resultados y está “contrastada” su eficacia, pero además justificó su mantenimiento porque la banda “sigue intentando controlar a sus presos como lo hacia hace años”. Yuste realizó estas manifestaciones durante su comparecencia en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados para responder a diversar preguntas de los grupos parlamentarios sobre la situación en las cárceles, entre otras, la política de dispersión o la situación de los presos de ETA con enfermedades graves.

Mikel Legarda, del grupo vasco, apuntó que las circunstancias por las que se impuso la dispersión a principios de los años 90 no son ni las actuales ni las de futuro, ya que “no se vislumbra ningún escenario de que ETA vuelva a las andadas”. Desde EH Bildu y Podemos subrayaron que el alejamiento no es compatible con los derechos humanos ni con la reinserción de los penados que recoge la ley, si bien Yuste señaló que la dispersión ha dado como resultado que tan solo un 1% de los reclusos de la banda han “reincidido en la actividad terrorista una vez en libertad”. Además dijo que el alejamiento “no es incompatible con la ley” y que, de hecho, ha sido avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En Euskadi, todos los partidos, salvo el PP y UPN, son partidarios del acercamiento de los presos etarras a cárceles vascas, concretamente a la prisión de Zaballa (Araba), con capacidad para acoger a los 238 internos de la banda recluidos en prisiones del Estado español. Otros 64 cumplen su condena en Francia y seis más en otros países. La mayoría de los presos de la banda integran el EPPK, el colectivo de reclusos que ha controlado ferreamente la unidad de las iniciativas dentro de las cárceles frente a las políticas penitenciarias y de reinserción planteadas por los gobiernos españoles de turno y por la propia administración penitenciaria.

Desde el anuncio de final de la actividad armada de ETA, los presos han anunciado en repetidas ocasiones que darían pasos individuales al margen del colectivo de presos para buscar soluciones que vayan “vaciando las cárceles”. Hasta el momento han sido los presos con condenas menores y vinculados a la Mesa Nacional de alguna de las marcas políticas de la izquierda abertzale ilegalizada los únicos que han dado pasos en este sentido y lo han hecho para eludir su ingreso en prisión.

El resto de los presos, los condenados por participar de una u otra forma en delitos de sangre, todavía no han dado los pasos anunciados desde 2013 por el EPPK que les abrirían la puerta a mejorar su situación penitenciaria, entre ellas pedir la progresión de grados, participar en actividades o trabajos dentro de la cárcel o reconocimiento autocrítico del delito cometido. A este respecto, esta misma semana, el secretario general de Derechos Humanos y Convivencia, Jonan Fernández, ha emplazado a los presos de ETA a que den los pasos para “materializar su intención de pasar del primer al segundo grado penitenciario”. A su juicio, esto o el reconocimiento del daño injusto causado pueden contribuir a un cambio de la actual política penitenciaria.

DIRIGENTES DE HB EN IPARRALDE Precisamente ayer los dirigentes de Batasuna en Francia Jean Claude Aguerre y Xabier Philippe Larralde aceptaron la condena de un año y medio de prisión al reconocer ante la Audiencia Nacional que intentaron recomponer el partido ilegalizado por el Tribunal Supremo en 2003.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal celebró una vista oral contra estos dos acusados por intentar renovar el entramado institucional de ETA-Batasuna y de sus sucesores Euskal Herrialdeetako Alderdi Komunista (EHAK) y Acción Nacionalista Vasca (ANV). Por estos hechos ya fueron juzgados entre finales de 2015 y principios de 2016 un total de 35 dirigentes de la izquierda abe0rtzale detenidos en octubre de 2007 en la redada de Segura, entre ellos algunos históricos como Pernando Barrena y Juan José Petrikorena.

Estas 35 personas acusadas de integrar la cúpula de la formación ilegalizada -para los que Fiscalía pedía 10 años de prisión para cada uno de ellos- reconocieron haber sido “instrumentalizados” por parte de ETA y aceptaron, tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y las acusaciones populares las condenas que oscilan entre años y medio y dos años de cárcel por pertenencia a organización terrorista. Ahora, Larralde y Aguerre, que según el escrito de acusación del Ministerio Público, han hecho lo mismo que sus compañeros, por lo que se le ha aplicado el mismo acuerdo alcanzado.