Gasteiz - El grupo parlamentario de EH Bildu registró ayer en el Parlamento un proyecto de Ley Vasca de Memoria Histórica para el Reconocimiento y Reparación Integral de las Víctimas del Franquismo a la que, de aprobarse, podrían acogerse todas las víctimas de la dictadura desde el 18 de julio de 1936 hasta el 29 de diciembre de 1978, fecha en que entró en vigor la Constitución española.

El registro y presentación del proyecto legal se produjo escasos días después de que la Cámara rechazara, con los votos negativos de PP y PNV y la abstención del PSE, un texto de Elkarrekin Podemos que reclamaba la anulación de las sentencias de tribunales franquistas, una medida que también contempla la propuesta del partido soberanista.

El proyecto presentado ayer, en todo caso, va más allá que el de Elkarrekin Podemos y establece todo un sistema de atención a estas víctimas gestionado a través del Instituto Gogora, bajo cuyo paraguas se crearía un equipo de investigación conformado por expertos en diferentes disciplinas. Dicho equipo sería el encargado de recoger las solicitudes y de instruir cada caso. Sus informes se remitirían a una Comisión de la Verdad independiente y formada también por expertos. Su cometido sería elaborar el dictamen final sobre cada solicitud y decidir las medidas de reparación, incluido el posible pago de indemnizaciones. En relación a este último punto, el proyecto de Ley establece una tabla de pagos basada en los dispuesto en otras normas como la Ley de Víctimas del Terrorismo.

El texto de EH Bildu, que consta de 45 artículos, establece como beneficiarios de la Ley a todos aquellos que hayan sido asesinados mediante ejecución judicial o extrajudicial, y a las víctimas de trabajo esclavo, exilio, deportación, destierro o traslado forzoso; encarcelación, internamientos en campos de concentración, secuestro u otra privación grave de la libertad física, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable. Además, cubriría la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, lingüísticos, culturales, religiosos o de género; así como la desaparición forzada de personas, la sustracción de bebés o menores, o la usurpación de identidad.

En relación a la memoria y las garantías de no repetición, propone la retirada de toda la simbología fascista, la creación del Consejo Vasco de Participación de Víctimas del Franquismo, un plan de búsqueda y exhumación de personas desaparecidas, la creación de un banco de ADN y el establecimiento de la figura del Lugar de la Memoria como espacio vinculado a la memoria histórica vasca. - Txus Díez