Bruselas - La Fiscalía federal de Bélgica aún no ha nombrado al juez de instrucción que deberá decidir sobre las euroórdenes emitidas por las autoridades judiciales españolas contra el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros en el destituido Gobierno catalán. La designación, que se esperaba que se materializase ayer mismo, quedó en suspenso y lo más probables es que hoy tampoco se haga efectiva. Esa demora permite ganar algo de tiempo al ex máximo mandatario de la Generalitat, que en todo caso sabe que su paso por delante de un tribunal belga es cuestión de pocas jornadas.
Una vez se designe un juez de instrucción y los “interesados sean encontrados y llevados ante el juez, éste tendrá 24 horas para tomar una decisión” sobre las citadas Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE). “El juez de instrucción puede decidir no emitir una orden de arresto o puede emitirla pero liberar a las personas concernidas interesadas bajo ciertas condiciones”, precisó la Fiscalía en un comunicado. Si el juez de instrucción emite la orden de arresto, el caso “se somete a la sala del Tribunal de Primera Instancia, que debe decidir dentro de los 15 días posteriores a la emisión de la euroorden” si ésta se puede ejecutar. “Si alguna de las partes implicadas no está de acuerdo con la decisión de la sala, puede recurrir ante el Tribunal de Apelación”, que dispondrá de 15 días para tomar una decisión.
La Justicia española reclama a Puigdemont y a cuatro de los extitulares de su cesado gobierno -Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura)- por presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos. El expresident, en todo caso, ya ha advertido que se prestará a todo aquello que requiera la Justicia de Bélgica. Lo hizo en la entrevista concedida anteayer a la cadena pública RTBF, postura en la que ayer se reafirmó a través de las redes sociales. Su aboga en tierras belgas, por lo pronto, anunció que recurrirá la euroorden, con lo que la entrega podría demorarse hasta 60 días ó 90 en circunstancias excepcionales. Su entorno en Bruselas precisó que de esa manera el expresidente de la Generalitat quiere “dejar claras sus intenciones” de cara a una eventual citación en Bélgica.
recursos de comín y serret El ámbito judicial en el que se han visto embarcados los exresponsables de la Generalitat tiene otro punto de interés en la Audiencia Nacional. Ayer su supo que la defensa de los exconsellers Antoni Comín y Meritxell Serret recurrirá mañana los autos de la juez Carmen Lamela que ordenaron la busca y captura e ingreso en prisión.
Las órdenes de Lamela se dirigen expresamente a las autoridades judiciales de Bélgica después de que ninguno de los cinco exmiembros del Govern acudiera el jueves a su citación en la Audiencia Nacional como investigados por rebelión, sedición y malversación. En opinión la defensa, la magistrada no puede anteponer la “indisoluble unidad de la Nación española” contemplada en el artículo 2 de la Constitución a los derechos también recogidos en la Carta Magna de todos los ciudadanos a ser iguales ante la ley y a no sufrir indefensión ante la Justicia. “El fin no justifica los medios; cuando se burlan garantías procesales se deslegitima la autoridad y, también, la finalidad que se persigue”, sostuvo. “Defender el artículo 2 de la Constitución a costa de los artículos 9, 14, 24, etcétera, es falacia impropia de un Estado democrático”, citó. - Efe