Cuando el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, abanderó personalmente la desaforada caza judicial de alcaldes independentistas catalanes, al Gobierno Rajoy le entró un sofoco porque le pilló desprevenido y no quería echar esa gasolina al fuego. Con semejante muestra de hostigamiento, quedaba abierta la confrontación entre las dos trincheras. Cuando ahora el mismo fiscal, reprobado en el Congreso, allana a la juez Lamela los discutidos argumentos para el golpe judicial más contundente y desproporcionado que jamás imaginó el procés, el Gobierno Rajoy ve desmoronarse su castillo de naipes hábilmente construido hace apenas siete días con una inteligente convocatoria de elecciones que desnortó al centro de inteligencia de Òmnium y ANC. Con semejante castigo carcelario a quienes desafiaron la ley para implantar la propia se desata otro nuevo período de inestabilidad política y social que sólo augura nuevos episodios de tensión y de convivencia imposible desde posicionamientos cada día más antagónicos por enconados. Un patético escenario, por tanto, que garantiza la desconfianza creciente en la autenticidad del Estado de Derecho, dificulta las imprescindibles relaciones entre partidos y compromete sobremanera la vida institucional en Catalunya y en Madrid.
En esta coyuntura es imposible imaginarse una futura campaña electoral catalana sin distorsiones. Incluso hasta los propios resultados del 21-D podrían ser cuestionados por aquellas fuerzas soberanistas que entiendan cercenados sus derechos en medio de la actual judicialización. Vendría a suponer el desenlace lógico aunque erosivo del dislate cometido en la Audiencia Nacional y que desfigura de un plumazo una de las decisiones de Rajoy más reconocidas objetivamente. Por eso, y tomando figuradamente como buena la creencia popular cada vez más extendida de que el fiscal general del Estado está a disposición del Gobierno, resulta inconcebible que el presidente no haya aconsejado a Maza una prudencia similar a la exhibida por el Tribunal Supremo. Al hacerlo podría haberse asegurado hasta el día de las votaciones la continuidad de ese clima de serenidad aparente que venía consiguiendo tras una aplicación del manido artículo 155 mucho menos alarmante en la calle de lo que siempre se temió. Pero Maza ha activado la dinamita al actuar por su cuenta y satisfacer así esas irrefrenables ganas de ajusticiamiento que afloraban principalmente en Madrid desde aquellas noctámbulas sesiones del Parlament los días 6 y 7 de septiembre.
Y aún queda por resolver el sudoku de Puigdemont, una interrogante con la suficiente entidad para hacerse un hueco en el surrealismo político. Mucho más allá de la supuesta estrategia que esconda su intencionada huída a Bélgica y del firme propósito de dinamitar en los próximos tres meses los valores de seguridad jurídica de España -no ha habido unanimidad al respecto en el Govern-, el (ex) presidente de la Generalitat no debería comprometer su credibilidad.
Quizá son los momentos más adecuados para recordar aquella profecía de Artur Mas -uno de los responsables desde las bambalinas de este caótico desenlace- cuando en 2012 advirtió solemne -entonces todavía era autonomista- de que un referéndum en Catalunya abriría la puerta a la confrontación social. Bien lo paga en el destierro voluntario su improvisado sucesor, sumido en una inquietante reflexión: podrá seguir siendo independentista y hasta candidato si quiere pero nunca olvidará que la Justicia, española eso sí, le estará esperando sin prisa.
Un contexto, en suma, de demasiada anormalidad y que hace imposible imaginarse una salida decorosa en el tablero político y de la convivencia entre diferentes. Mucho más allá de que se asista o no a la lista unitaria de rebeldía independentista para limpiar el desagravio de los encarcelados -otra bofetada el rechazo (4 votos a 1) a la petición de libertad de los Jordis-, las secuelas interminables del procés agujerean la estabilidad de más de un partido ante unas elecciones que deberían ser determinantes.
El futuro de PDeCAT, Podemos y PSC es imposible de escrutar con acierto. Lo mismo sospecha Rajoy sobre la suerte parlamentaria del PP en el Congreso, cada día más asfixiado por su soledad en un momento crucial de la legislatura. Así se explica que, desesperado ante unos Presupuestos 2018 sin nadie con quien negociar en la mesa, lance un salvavidas al PNV a modo de aprobación de los proyectos de ley del Cupo y de modificación del Concierto Económico. Con la que está cayendo, él mismo sabe que así es imposible.
