Bilbao - El PNV está redoblando la presión sobre el Gobierno español para que cumpla los compromisos adquiridos con la agenda vasca. El pasado mes de mayo, los jeltzales acordaron con Mariano Rajoy la aprobación de los Presupuestos estatales de este año a cambio de encarrilar una serie de demandas históricas sobre el Concierto Económico y la renovación de la Ertzaintza, e inversiones en infraestructuras como el tren de alta velocidad. El PNV cumplió con su parte permitiendo la aprobación de los Presupuestos. Hasta ahí llegaba su compromiso, puesto que no firmó ningún documento que lo obligara a dotar de estabilidad al Gobierno del PP en futuras votaciones. Sin embargo, en la parte que concierne al Estado, el compromiso sigue teniendo continuidad. Algunas partidas presupuestarias tienen vocación plurianual, como las inversiones del tren de alta velocidad; y otros acuerdos deben ser validados por el Congreso en lo que queda de año, como es el caso de la Ley Quinquenal del Cupo y las modificaciones en la Ley del Concierto que ensanchan la capacidad de las diputaciones forales para recaudar impuestos. Por ello, esos acuerdos aún deben materializarse.

¿Qué ha sucedido desde entonces? La crisis territorial entre Catalunya y el Estado ha provocado que el resto de asuntos queden relegados a un segundo plano en la agenda política. El PNV comparte que la prioridad debe ser resolver este contencioso, pero ve cómo van cayendo la hojas del calendario sin que se vote en el Congreso de los Diputados la Ley Quinquenal del Cupo, un paso necesario para que entre en vigor el 1 de enero de 2018. Tampoco se han votado las modificaciones que permiten a Euskadi ensanchar su recaudación.

La otra gran incógnita es qué sucederá con el calendario del tren de alta velocidad. El PNV pactó con Rajoy una inversión total de 3.380 millones hasta 2023. El problema radica en que el próximo año no habrá Presupuestos estatales en los que plasmar la próxima inyección a las obras. El Gobierno español ha dejado por imposible la negociación de las Cuentas de 2018 y ha prorrogado las actuales. Ahora el reto está en parchear y actualizar las inversiones previstas en un proyecto prorrogado. Podrían modificarse vía decreto en Consejo de Ministros, un procedimiento relativamente habitual. En la misma situación se encuentran las inversiones previstas para remodelar la terminal de Jundiz en Álava, y construir la plataforma de Lezo-Pasaia. Por ahora, el PNV no quiere contemplar la posibilidad de un incumplimiento. Lo que está haciendo es presionar para que se cumplan los plazos, exigir claridad y demandar un planteamiento con fechas concretas. No ha recibido ningún mensaje positivo de Madrid, pero tampoco negativo, y una ruptura de un acuerdo por escrito le parecería fuera de toda norma.

Por otra parte, el acuerdo de la Ley Quinquenal ya fue firmado entre los dos gobiernos, pero debe tener el aval de la Cámara baja. Es un pacto vital para el PNV. El Cupo es el dinero que paga Euskadi al Estado por las competencias no transferidas, como la Corona, el Ejército, los puertos o los aeropuertos. Este cálculo suele ser motivo de disputa entre los dos gobiernos por las cantidades millonarias que mueve. Basta recordar que la ley vigente caducó en 2011 y no ha sido hasta este verano cuando se ha llegado a un acuerdo para renovarla.

El pacto es determinante porque fija con claridad el método de cálculo hasta 2021 y evita que quede al albur de la interpretación unilateral de Madrid. Es un pacto de calado político para el PNV, más allá de regular las relaciones financieras. Los jeltzales lo ven como un símbolo de bilateralidad y relación de igual a igual entre ambos gobiernos. El pacto está firmado, pero debe ser ratificado por el Congreso de los Diputados. El PNV no espera sorpresas en ese trámite, pero le preocupan los tiempos y que, a mediados de octubre, el Gobierno español no haya activado aún los plazos para su tramitación. Todo el proceso debe culminar antes de que acabe el año, en dos meses y medio. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, preguntará hoy en la sesión de control al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuándo piensa activar los plazos. Quiere una respuesta clara, con una fecha concreta.

Los jeltzales han escuchado con preocupación algunos mensajes públicos del PP porque, entre líneas, les parecía detectar una amenaza velada y una exigencia al PNV para que prestara estabilidad a Rajoy de manera continuada si quería ver cumplidos los acuerdos. El partido de Andoni Ortuzar no ha hablado con el Gobierno español sobre las Cuentas del próximo año porque entiende que la prioridad debe ser Catalunya, y cree que abordar los Presupuestos sería una frivolidad. La semana pasada se decretó la prórroga, y el PP podría dejar en el aire los acuerdos.

En ese caso, Rajoy se arriesgaría a provocar una quiebra absoluta de la confianza con el PNV, que ya está tomando muchas distancias con el Gobierno español por su gestión de la crisis catalana con puño de hierro y sin soluciones políticas. Como agravante, se da la circunstancia de que los acuerdos no fueron una cuestión dirimida solo entre partidos, sino entre gobiernos.

sin indicios El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, aseguró ayer que “no quiere ni imaginar” la posibilidad de que el Gobierno español vaya a incumplir los acuerdos. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, avisó de que “los acuerdos están para ser cumplidos, trabajados, consensuados, suscritos y despliegan plenos efectos” y, por tanto, “no hay razón alguna que pueda justificar su retraso y, mucho menos, su incumplimiento”. “Es una hipótesis en la que el Gobierno no se quiere ni situar, sino que quiere pensar que antes o después, de alguna manera, el cumplimiento de los acuerdos se tiene que producir”, recalcó. Aclaró que “no tiene indicios directos” de que se incumplan, “y tampoco es una hipótesis en la que nos parezca normal ponernos a priori”.