Barcelona - La crisis política abierta en Catalunya ha disparado en las últimas semanas las consultas jurídicas de las empresas y está haciendo que se paralicen algunas inversiones en el terreno inmobiliario y en el industrial. Socios o responsables de destacados despachos de abogados citados por Efe aseguran que la incertidumbre generada por el escenario de una hipotética Catalunya independiente ha multiplicado las consultas legales por parte de las empresas, principalmente de grandes compañías, pero también de pymes.
El responsable de un despacho barcelonés, que como el resto de sus compañeros accede a dar una visión general pero con la condición del anonimato, asegura que el motivo de las consultas ha variado en función de la evolución de los acontecimientos políticos. Según su testimonio, tras el Pleno del Parlament de los pasados 6 y 7 de septiembre se multiplicaron las consultas, principalmente por parte de extranjeros, acerca de la validez legal de la ley catalana del referéndum y de la ley de transitoriedad jurídica, suspendidas cautelarmente por el Tribunal Constitucional. Entre la oleada de detenciones de responsables de la Generalitat el 21 de septiembre y la celebración del referéndum del pasado 1 de octubre, hubo otro repunte de las consultas jurídicas y entonces se empezó a notar que “algunas operaciones que estaban en marcha, de inversión y de compraventa, se paraban a la expectativa de una mayor visibilidad” acerca de la situación política”. “No eran superoperaciones, pero sí de cierto nivel en el terreno industrial y en el inmobiliario”, apunta esta fuente, que asegura que el clima político actual está “ralentizando las inversiones”, en Catalunya principalmente, pero también en otras partes de España.
La tercera oleada de consultas se produjo tras la celebración del referéndum del 1 de octubre, cuando el president, Carles Puigdemont, anunció que declararía la independencia en días, y consistió en “un alud de consultas” sobre cambios de sede social, y también fiscal, en algunos casos. Esta fuente afirma que el empresariado vive toda esta convulsión política con “inquietud y preocupación”, mientras que un responsable de otro importante despacho de abogados confirma que las consultas recibidas por parte de empresas “han crecido considerablemente” en las últimas semanas, y que hay “mucha preocupación empresarial”, algo que se nota “a todos los niveles del empresariado”.
Un tercer responsable de un bufete de abogados, en este caso internacional, asevera que, más allá del aluvión de consultas sobre cambios de sede social de compañías, también están recibiendo consultas para tratar de evitar boicots a sus productos. En este sentido, algunos empresarios se interesan por cambiar la sede social de su empresa o bien por crear una filial en otra comunidad autónoma para canalizar pedidos desde allí, todo ello para evitar que se cancelen pedidos simplemente por tratarse de una empresa de origen catalana.
efectos “Aquellos que tenían previsto invertir en España ahora se lo están pensado y algunos están ya apostando por otros países porque las inversiones demandan seguridad jurídica y tranquilidad y aquí no la encuentran. Esto está pasando”, asegura el abogado y economista Jacint Soler Padró. Soler Padró, que preside la Fundación Catalunya Societat Civil, que defiende la tesis de la tercera vía ante el conflicto catalán, augura “una catástrofe económica” para Catalunya y España si no se resuelve la actual incertidumbre.
Pese a admitir que los cambios de sedes sociales de compañías no tienen un efecto directo en la economía, considera que “sí ponen al descubierto que hay algo que no funciona” y provoca “desconfianza”.
Por su parte, el profesor de Derecho y especialista en banca de ESADE Juan Ignacio Sanz alerta de que el traslado de sedes de empresas fuera de Catalunya tiene efectos colaterales porque esta acción “arrastra” otros negocios relacionados con la vida empresarial, como las consultorías y las auditorías. Así, el profesor apunta que, tras la marcha de bancos grandes y pequeños, Barcelona ha dejado de ser una plaza financiera, uno de los objetivos que, recalca, tenía la capital catalana en los años 90, al tiempo que la ciudad puede haber quedado tocada como plaza líder de congresos internacionales. Respecto al cambio de sede, ha afirmado que, aunque la situación política se estabilizara, las compañías que se han ido tardarían “entre 3 y 5 años” en replantearse volver.
La gran patronal catalana, Foment del Treball, ha alertado también estos días del riesgo de “insolvencia económica” en Catalunya si se da “un paso más en el incierto camino” hacia la declaración unilateral de independencia. Es de otra opinión el catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y exconsejero del Consejo de Gobierno del Banco de España, Guillem López Casasnovas, que cree que la situación política puede afectar a la economía a corto plazo, por la ralentización y frenada de inversiones, pero que después “está fuera de duda” la viabilidad económica de una Catalunya independiente. Para López Casasnovas, esta afectación momentánea se acabará revirtiendo porque el mercado catalán es “muy importante” para muchos inversores y por la fortaleza de su tejido productivo. - Efe
