BARCELONA - Mariano Rajoy podría estar a punto de disparar su particular bala de plata. El presidente español ha arrojado a la papelera la última oferta de diálogo del president Puigdemont, y ha dado un ultimátum al Govern catalán para que rectifique su hoja de ruta independentista antes del jueves o, de lo contrario, procederá a aplicar el artículo 155 de la Constitución española. Ese artículo le confiere amplios poderes y le faculta para suspender la autonomía catalana, pero es tan impreciso y genérico que permite también una aplicación gradual y menos intensa. La Constitución le permite activar las medidas que considere necesarias, sin limitaciones, y en el requerimiento al president Puigdemont tampoco se ofrece ninguna pista. No obstante, todo parece apuntar a la utilización de esa herramienta para forzar una convocatoria de elecciones en Catalunya.

El PP tiene la mayoría absoluta necesaria en el Senado para actuar por su cuenta y riesgo, pero quiere hacerlo con el apoyo del PSOE. Los socialistas solo conciben la aplicación de este artículo si su única finalidad es convocar unas elecciones. De esa forma, entienden que será más sencillo elaborar un relato. Se trataría de llamar a las urnas y que los catalanes elijan a sus representantes, y no de establecer una autoridad gubernamental paralela en Catalunya no elegida democráticamente y que se perpetuase de manera indefinida. Ciudadanos también pide unos comicios. Entre la convocatoria y las elecciones pasarían 54 días, un tiempo tasado.

El Gobierno español ha lanzado señales contradictorias en las últimas horas y es difícil interpretarlas. El plan hace unas semanas era dar una respuesta ejemplarizante y dura. Pero la estrategia de Puigdemont lo ha complicado. Desde la Moncloa reconocen que hay opiniones jurídicas contradictorias sobre el alcance del pleno del Parlament del martes y sobre la respuesta que merece. Esas dudas podrían anticipar una aplicación gradual y moderada del 155. Ayer mismo, el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, dio la sorpresa admitiendo que, en realidad, Puigdemont no declaró la independencia. El procedimiento del 155 se ha activado precisamente para que el president aclare si lo ha hecho y rectifique, de modo que Dastis desmonta con sus palabras todo el argumentario del Gobierno español. “Para nosotros no lo han hecho todavía [declarar la independencia]. No lo hicieron en la sesión del Parlamento, lo hicieron en otra sala, rápidamente y solo una parte, sin dar a la oposición la posibilidad de expresarse”, dijo en la cadena gala CNews.

El escenario de la convocatoria forzada de elecciones plantea muchas incógnitas. Por un lado, está por ver si los partidos soberanistas acatarían esta decisión o, por el contrario, optarían por boicotear las elecciones. La agencia Efe revelaba esta semana que la CUP ha pactado con Junts pel Sí no presentarse a los comicios. El plan consistiría en no hacer campaña y pedir a sus votantes que se abstengan. De esa forma, la participación sería tan exigua que el resultado, según su análisis, quedaría deslegitimado. A partir de ahí, los soberanistas actuarían como si nada hubiera sucedido y mantendrían la actual composición del Parlament, donde ocupan 72 de los 135 escaños y ostentan una cómoda mayoría absoluta. También han contemplado la posibilidad de que el Estado irrumpa en el Parlament para aplicar los resultados. En ese caso, se baraja constituir un Parlament paralelo en otras instalaciones o, incluso, activar una asamblea con diputados, senadores, alcaldes y concejales. El escenario sería de confrontación abierta y de consecuencias imprevisibles, a buen seguro con una declaración de independencia efectiva.

Ese es el planteamiento que ha hecho público la CUP, aunque las relaciones con Junts pel Sí no atraviesan ahora por su mejor momento. En cualquier caso, el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, coincidía hace unos días en rechazar de manera tajante la celebración de unas elecciones. Sin embargo, otra opción podría consistir en aceptar la convocatoria electoral, pero dándole un cariz constituyente. Lo que no quieren los soberanistas es otra convocatoria electoral autonómica, pero nadie ha descartado públicamente esta segunda opción.

La Ley de Transitoriedad Jurídica que aprobaron en el Parlament detalla un proceso gradual para conformar la República catalana y, en ese proceso, se recogen unas elecciones constituyentes. Una vez celebrado el referéndum, la ley apostaba por abrir un proceso de negociación con el Estado durante seis meses. Esa fase bien podría ser la actual, porque Puigdemont ha dejado en suspenso la declaración de independencia para dar una oportunidad al diálogo. No obstante, oficialmente el Govern no considera que el plazo haya empezado a correr ya, ni que ahora mismo se encuentre en esos prolegómenos. Una vez transcurridos esos seis meses, se celebrarían las elecciones constituyentes para nombrar una asamblea que redactaría la Constitución catalana. Ese texto se sometería a referéndum y, por último, se celebrarían las primeras elecciones del nuevo Estado.

movilización Parece asumido que, con el grado de movilización que ha mostrado la base social soberanista, no tendrá problemas para revalidar sus apoyos. Podrían registrarse fugas por el temor a las consecuencias de la vía unilateral o el desgaste del PDeCAT, pero la lectura más extendida es que Podemos y los comunes aumentarán sus respaldos y esa no es del todo una mala noticia para el soberanismo, porque defienden un referéndum legal y pactado. Ese escenario, no obstante, alteraría la hoja de ruta y complicaría la declaración unilateral de independencia. También se especula con un cambio de socios en Junts pel Sí para acercarse a los comunes y romper con la CUP.

El cabo suelto en las elecciones sería la situación del Govern. Con la convocatoria de los comicios, el Parlament quedaría disuelto, pero el Govern seguiría en pleno ejercicio de funciones y podría seguir desplegando su hoja de ruta y hacerlo con mayor intensidad si cabe, porque la aplicación del 155 le enviaría el mensaje de que el diálogo no es posible y le daría argumentos para reforzar la vía unilateral. De momento, el Gobierno español evita posicionarse a favor de la detención del Govern en pleno.

S&P y Deutsche Bank no ven riesgo de ruptura. La agencia Standard and Poor’s (S&P) no espera que la crisis entre el Govern y Madrid provoque rebajas en las calificaciones de riesgo, “con la posible excepción de Cataluña”, a no ser que las tensiones “vayan a más”. No cree que la independencia vaya a producirse, después de que Puigdemont suspendiera la declaración. Deutsche Bank también cree que se “reduce el riesgo de una ruptura en España”, por lo que ha cambiado su recomendación sobre el Estado desde “infraponderar” a “sobreponderar”.

Ciudadanos. El único partido que presiona a Rajoy con el 155, Ciudadanos, dijo ayer por boca de Albert Rivera que “sí ha habido declaración de independencia” en Catalunya.