barcelona - La Mesa del Parlament se reúne hoy para poner fecha al pleno que abordará las consecuencias del referéndum de independencia catalán. Fuentes del Govern apuntan al viernes o al domingo, una opción que cobra cada vez más fuerza porque no es día laborable y facilitaría que los catalanes acudieran en tromba a las puertas de la Cámara para escenificar un apoyo multitudinario a la independencia. En cualquier caso, se desconoce en qué se va a traducir esa sesión.
Podría aprobarse una declaración unilateral de independencia sin matices y comenzar a tomar medidas sobre el control de las fronteras y los impuestos, algo que se antoja lejano, muy conflictivo y materialmente complicado sin acuerdo con el Estado; o bien podría aprobar una resolución más genérica e iniciar un proceso constituyente que fuese dando cauce a los resultados del referéndum y durase meses. Esa última vía daría margen a la negociación y el diálogo con el Estado español sobre otras posibilidades como la celebración de un referéndum pactado, y cuadra más con la apelación del president Puigdemont a la mediación de la Unión Europea.
El president Puigdemont apostó el domingo por trasladar al Pleno los resultados del plebiscito, donde ganó la opción independentista con un 90% de votos, sobre un total de 2,2 millones de papeletas emitidas. En puridad, la Ley del Referéndum preveía en su artículo 4.4 que, en el caso de que ganase la opción partidaria de la ruptura con España, el Parlament debería reunirse en un plazo de dos días para efectuar una declaración formal de independencia y comenzar un proceso constituyente. La idea del proceso constituyente deja ver que las decisiones podrían no ser inmediatas. La propia Ley de Transitoriedad Jurídica fija que el tránsito hacia la eventual república catalana tendría varias fases. En primer lugar, se abriría un periodo de seis meses para negociar. Después, se celebrarían elecciones para alumbrar un Parlament constituyente, esa asamblea redactaría una Constitución catalana que se votaría en referéndum, y por último se convocarían las primeras elecciones del nuevo Estado catalán.
La Ley de Transitoriedad fija también todo un catálogo de competencias que pasarían a ser asumidas por Catalunya, todas ellas muy sensibles, como sucede con el control de las fronteras, la proclamación de la Generalitat como única autoridad aduanera, la recaudación de todos los impuestos en sustitución de la Agencia Tributaria Española, que el Ejército abandone Catalunya, y que los funcionarios del Estado que trabajen en el territorio pasen a formar parte de la estructura de la administración catalana salvo que renuncien. El PDeCAT siempre ha dado señales de concebir el escenario posterior al referéndum como un proceso dialogado. Incluso dejó caer que podría ofrecer una moción de censura al socialista Pedro Sánchez para negociar con un nuevo presidente español, una apuesta que no podría hacer un partido que estuviera pensando en la ruptura inmediata. De hecho, los diputados del PDeCAT y ERC no han retirado sus actas del Congreso de los Diputados.
el pdecat lo debate El PDeCAT celebró el lunes un Comité Nacional muy largo para debatir qué hacer. Todos están a favor de dar cauce a los deseos expresados por la ciudadanía, pero queda por aclarar cuáles serán las fórmulas y los tiempos. El convencimiento generalizado en el partido es que no se puede cometer un error de cálculo ni precipitarse con una decisión a la que nadie conceda validez a nivel internacional. De esa forma perderían buena parte del capital político y la simpatía que ha despertado el procés en las últimas horas, sobre todo después de las imágenes de las fuerzas de seguridad españolas cargando contra los catalanes por votar.
El PDeCAT quiere ante todo que se produzca una mediación de la Unión Europea, que cesen las hostilidades del Estado y las cargas policiales, y que pueda asentarse un clima de distensión para que ambas partes negocien. La gran incógnita es cómo responderá Madrid y si dinamitará los puentes suspendiendo la autonomía.
