En puertas del referéndum del domingo, los vecinos de Barcelona siguen haciendo sus vidas en un clima de normalidad, aunque el plebiscito está muy presente y se nota en las esteladas colgadas en los balcones, algunas ya muy veteranas tras cinco años de proceso soberanista. En un portal de la zona marítima de Poblenou, un folio escrito a ordenador y pegado con cinta adhesiva en la columna de entrada de la vivienda indica a los vecinos en qué colegio deben votar. A medida que avanza la semana, también se multiplican las asambleas vespertinas a pie de calle. En ese momento se produce la pegada de carteles, muchos de ellos con el rostro de Gandhi, icono de la resistencia civil y pacifista que se pretende tomar como modelo, para evitar cualquier confrontación con las fuerzas de seguridad que empañe la reivindicación catalana a ojos de las instancias internacionales.

Se acerca el 1-O y crece la expectación y la incertidumbre. A nivel político, incluso, se ha extendido cierta sensación de psicosis. Hoy en Barcelona no es raro encontrar en los círculos políticos del soberanismo a alguien que crea que puede tener el teléfono pinchado. Todo lo que rodea la logística del referéndum es una gran incógnita. El secreto mejor guardado es dónde están las urnas.

Por su valor simbólico, las urnas se han convertido en el elemento central del referéndum. El PDeCAT, ERC y la CUP se muestran satisfechos por que, a día de hoy, la Guardia Civil no las haya encontrado. Dar con las 6.000 urnas (2.200 puntos de votación en toda Catalunya) que se estima que serían necesarias para la votación asestaría un golpe de primer orden al plebiscito. Teniendo en cuenta que la intensa vigilancia policial hace prácticamente inviable que se produzca un traslado de urnas a estas alturas burlando a la Guardia Civil, la interpretación más extendida es que las urnas se encuentran ya en los colegios electorales, aunque también se ha trasmitido la versión de que pueden estar en el consulado de algún país afín, porque esas instituciones gozan de inmunidad diplomática. Por razones similares, se apunta igualmente a la zona aduanera del puerto.

Por otro lado, la Guardia Urbana de Barcelona recibió ayer la orden del fiscal superior de Catalunya de custodiar las urnas que se encuentran en la calle de Perú. Son propiedad del Estado y se utilizan para las convocatorias electorales ordinarias. Se trataba de evitar que, aprovechándose de que esas urnas ya están disponibles y están almacenadas, se puedan utilizar para el referéndum. El movimiento pasó sin pena ni gloria y todo apunta a que el plan del soberanismo no era ese.

No se puede descartar que las urnas estén ya en los colegios electorales. De esa forma se superaría el gran obstáculo de las otras alternativas: ya estarían en su emplazamiento y no habría que moverlas; mientras que, en el caso del consulado, aunque sea terreno diplomático, es muy probable que se produjera una operación policial cuando una furgoneta abandonara la sede con las urnas y entrara en los colegios, más aún estos días en los que no dejan de sobrevolar helicópteros de las fuerzas de seguridad.

Es viable que las urnas estén en los colegios, porque hasta ahora la Guardia Civil y la Policía española no los han registrado. Los Mossos d’Esquadra se han personado en los centros para formular preguntas, pero no se ha producido un registro y solo recibieron la orden del fiscal de precintarlos a partir del viernes a la tarde, cuando ya no haya estudiantes, y no antes. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha anulado esa orden y retrasa aún más el precinto de los colegios hasta el domingo. Por lo tanto, es materialmente posible que los recipientes estén allí y ninguna fuerza de seguridad los haya visto.

Con esa versión encaja el blindaje de los colegios electorales que se persigue desde plataformas como la ANC. A mediados de semana, con la orden del fiscal sobre la mesa, en varios ámbitos se planteaba acampar ante los colegios desde el viernes. El objetivo sería evitar que, en el ínterin que va a existir desde que los estudiantes finalicen sus clases hasta la votación del domingo, pueda haber una operación policial. También se realizaron llamamientos para celebrar actividades extraescolares o cívicas como justificación para ocupar los colegios y evitar una incursión de las fuerzas de seguridad.

Con la nueva orden del tribunal, ahora los esfuerzos se centran en que haya la máxima afluencia posible en el día concreto de la votación. La ANC pide colas largas. El planteamiento se está formulando desde la óptica de que una afluencia masiva complicaría una intervención policial. Los Mossos ya han dicho que no van a contribuir a que haya desórdenes y que puede ser peor el remedio que la enfermedad. La Guardia Civil y la Policía española sí trabajan con la hipótesis de intervenir.

La atención se centra en la treintena de colegios repartidos en torno a la Gran Via catalana. Si hay una intervención policial, parece asumido que será ahí por la importancia de su censo y el número de papeletas que aportaría a la votación.

El blindaje de las urnas y los colegios electorales es la principal preocupación de los soberanistas. El reparto de las papeletas está asegurado, y tampoco hay dudas sobre las mesas electorales. Deben acudir un presidente y dos vocales, y las notificaciones ya han llegado, algunas de manera un tanto oficiosa por debajo de las puertas de las viviendas. En caso de que alguien objetara en conciencia, el plan B sería conformar la mesa con los primeros ciudadanos que acudan a votar tras la apertura del colegio electoral.

Nueva incautación. La Guardia Civil requisó ayer en un almacén de Igualada (Barcelona) dos millones y medio de papeletas, cuatro millones de sobres y 100 urnas que estarían disponibles para su uso el referéndum del 1-O. Los responsables del almacén, por el contrario, señalaron a los agentes que los citados receptáculos iban a ser utilizados para una fallida moción de censura contra la actual directiva del FC Barcelona. Esta sería, según el instituto armado, la segunda gran incautación de material electoral llevada a cabo en suelo catalán. Cabe recordar que el pasado 20 de septiembre, y a instancias del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, la Guardia Civil requisó casi 10 millones de papeletas, además de numeroso material en favor del sí en la consulta, en una nave industrial del municipio barcelonés de Bigues i Riells.