madrid - La causa del procés entró ayer otra fase judicial. Por un lado, la Fiscalía denunció ante la Audiencia Nacional posibles delitos de sedición contra quienes participaron en las concentraciones que se desarrollaron durante la operación policial del miércoles, donde cita de manera expresa a las entidades ANC y Òmnium. Por otro lado, el Gobierno español justificó enviar más policías a Catalunya al entender -por primera vez en público- que lo sucedido encaja en la definición de “movilizaciones tumultuarias”. El mismo adjetivo que recoge el Código Penal para la sedición, castigada con penas de entre 8 y 15 años de prisión.
Sin que la diplomacia europea quite ojo a lo que sucede en Madrid y Barcelona, sobre todo después de las 14 detenciones de esta semana, la escena del referéndum del 1-O también se tensa en los tribunales.
Si los arrestados el miércoles se enfrentan a supuestos delitos de malversación, revelación de secretos, prevaricación y desobediencia (este último, por el que fue condenado Artur Mas en la causa del 9-N), el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, registró ayer por la mañana una denuncia en la que ve delito de sedición en la “muchedumbre de personas” que se concentró “con la finalidad de impedir por la fuerza a los agentes de la autoridad el legítimo ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de las resoluciones judiciales”.
A falta de atestado, como reconoce en la denuncia de 11 páginas, la Fiscalía enumera las concentraciones que se convocaron “a través de redes sociales” los días 20 y 21. También describe el “puesto para voluntarios” que la ANC -a la que acusa de organizar turnos de voluntarios “conscientes de que dificultarían la intervención policial”- en la Rambla; recoge varias de las intervenciones públicas de los portavoces de ANC y Òmnium, Jordi Sànchez (“que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa”) y Jordi Cuixart; el “ataque” a la sede del PSC (“llegando incluso a producirse agresiones a militantes socialistas”); y asegura que una “turba destrozó los tres vehículos oficiales”. Carballo se refiere a los vehículos de la Guardia Civil cuyas lunas terminaron rotas, sus ruedas fueron pinchadas y su carrocería, llenada de pegatinas.
En su descripción, el teniente fiscal señala que a las 20.00 horas del miércoles los agentes abandonaron la sede del departamento de Governació “llegando a realizar disparos para evitar el ataque inminente a un furgón policial”.
La investigación, que apunta por primera vez de manera expresa a ANC y Òmnium, correspondió por reparto al juez Ismael Moreno, que lo más probable es que, siguiendo el criterio del Ministerio Público, abra causa.
Entre los procesos que ha instruido se hallan la causa en la que encarceló y luego liberó a los dos titiriteros que actuaron en los carnavales madrileños de 2016, o la acusación de sedición contra un edil de Vic que llamó a desobedecer al Tribunal Constitucional (desestimó la causa en una de las contadas ocasiones en las que, según la agencia Efe, ha discrepado del criterio fiscal). Moreno también es el magistrado que llamó a declarar en 2014 a tres de los verificadores del desarme de ETA.
En el caso de que vea base suficiente y se abra la consiguiente vista oral, las personas que sean identificadas y acusadas se enfrentarán a penas de entre 8 y 10 años de cárcel, que se incrementan a entre 10 y 15 en el caso de que los imputados sean “personas constituidas en autoridad”.
La Moncloa articula La acusación de sedición -alzarse “pública y tumultuosamente” para impedir por la fuerza “o fuera de las vías legales” que se apliquen las leyes o que cualquier autoridad pueda realizar sus funciones- supone un nuevo paso en un escenario jurídico en el que, con la aplicación del artículo 155 de la Constitución española como telón de fondo, se juega una de las grandes partidas del 1-O.
La filosofía del Ejecutivo español la verbalizó su presidente, Mariano Rajoy, el viernes pasado: “Nos van a obligar a llegar donde no queremos llegar”. Una semana más tarde, el portavoz del Gobierno central, Iñigo Méndez de Vigo, habló por primera vez de manera oficial pero de manera implícita de la sedición.
“Estos días hemos visto movilizaciones tumultuarias”, dijo el portavoz al anunciar que el Gobierno español mandará más policías y guardias civiles a Catalunya “para apoyar a los Mossos d’Esquadra en el mantenimiento del orden”. Nunca, especificó el ministro, por desconfianza hacia la Policía catalana: “El Gobierno no desconfía de los Mossos”.
Su máximo responsable, el consejero de Interior, Joaquim Forn, denunció, en cambio, la invasión competencial que supone esta decisión de Madrid, y a través de Twitter, apuntó más alto cuando aún falta una semana para el 1-O: “El Estado ha intervenido ya la Hacienda catalana y ahora quiere intervenir a los Mossos”.
barcelona - Se saben en el punto de mira de la Fiscalía, pero “sobre todo, buen humor”. Esta era la consigna que se vivió ayer en la sede central de la Assemblea Nacional Catalana en Barcelona. Por la mañana varias decenas de voluntarios trasladaron material al exterior del edificio, y posteriormente, lo cargaron en coches particulares y en taxis que, solidariamente, se ofrecieron para la mudanza. Ante la posibilidad de un registro, la asociación presidida por Jordi Sànchez decidió vaciar su sede y trasladar toda la documentación sobre el 1-O a otros lugares que se negaron a desvelar. “El material ya está en otras partes del país”, advirtió Sànchez.
Puesto a buen recaudo todo lo referente al referéndum, a media tarde llegó un coche lleno hasta la bandera de claveles de distintos colores, gentileza anónima de unos cuantos floristas catalanes. También se descargó una cantidad ingente de alimentos, batidos, zumos de fruta y pastas para ofrecer meriendas a los hipotéticos visitantes, la Guardia Civil ante un eventual registro, o las organizaciones de extrema derecha que habían anunciado una protesta ante la sede de la entidad.
“Soy español y catalán” Una concentración que sí llegó a producirse. Alrededor de un centenar de personas, según la Guardia Urbana, convocadas por grupos de ultraderecha reunidos alrededor de la plataforma Por España me atrevo, se manifestaron por la unidad de España frente a la sede de la ANC. Los manifestantes exhibían banderas españolas, algunas con inscripciones en las que se leía Cataluña es España. Cánticos de “Yo soy español” y “España unida jamás será vencida”, además de loas a la Guardia Civil y la Virgen del Pilar, fueron otras de las consignas que los activistas -alguno de ellos con la cara cubierta con pasamontañas- entonaron a las puertas de la ANC.
Además, aseguraron que no votarán en el referéndum y llamaron terroristas a los miembros de la ANC, que respondieron cantando el himno de Els Segadors y con gritos de “Español el que no vote”. - DNA
Lo que dice el Código Penal. “Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”. Castigado con penas de entre 8 y 10 años, que se elevan a entre 10 y 15 años en el caso de “personas constituidas en autoridad”.
