BARCELONA - A medida que se aproxima la fecha del referéndum independentista, una de las principales incógnitas era cómo iban a actuar los Mossos d’Esquadra ante los previsibles momentos de tensión entre los partidarios del 1-O y la maquinaria del Gobierno español para impedir su celebración. Ayer se comprobó con el desalojo de una treintena de personas que trataban de impedir la entrada de la comitiva judicial en una empresa donde se habían intervenido sobres que podían contener tarjetas censales para el 1-O.

Agentes de la Guardia Civil irrumpieron a primera hora en la sede de la empresa de mensajería Unipost de Terrassa (Barcelona) y a lo largo del día registraron sus instalaciones, donde encontraron una “ingente cantidad” de sobres con el logotipo de la Generalitat que podrían contener las tarjetas censales necesarias para celebrar el referéndum. Por ese motivo, el titular del juzgado de instrucción número 3 de Terrassa autorizó la intervención de todos los sobres y la apertura de uno de ellos para comprobar su contenido.

Entonces se produjeron momentos de tensión, que se prolongaron durante horas, después de que un centenar de personas se concentraran a las puertas de la empresa para tratar de impedir que el secretario judicial pudiera acceder a la misma con el fin de entregar la orden de incautación y apertura de los sobres. Finalmente logró entrar, cubierto con un pasamontañas, después de que los Mossos se llevaran en volandas a varias decenas de jóvenes que, sentados en la calle, trataban de impedir el paso de la comitiva judicial y gritaban consignas a favor del referéndum suspendido.

Los Mossos despejaron el extremo norte de la calle, donde había menos manifestantes ya que el grueso se encontraba frente a la entrada principal, y finalmente el vehículo del secretario judicial pudo entrar en el garaje de Unipost. Poco después abandonaba el lugar junto con una furgoneta en la que supuestamente se encontraba el material incautado.

El pasado día 12, la Fiscalía Superior de Catalunya advirtió personalmente al major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, de que, al igual que la Guardia Civil y la Policía española, debía intervenir de forma directa para evitar la cita prohibida por el Tribunal Constitucional. Trapero acató dicha notificación y trasladó a los Mossos la orden de impedir los preparativos, lo que se pudo comprobar ayer. Queda por ver cómo reacciona la CUP ante esta actuación de la policía catalana, y si afecta de alguna forma a su alianza con Junts pel Sí en favor de la consulta.