barcelona - Dentro del amplio abanico de actuaciones emprendidas por el Gobierno español para impedir la organización, financiación y difusión del referéndum del 1-O, ahora le ha tocado el turno al censo electoral catalán, un elemento imprescindible para celebrar la consulta. Así, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha abierto actuaciones previas de investigación para averiguar si se ha producido un acceso ilícito a bases de datos estatales para crear ese censo.

La denuncia de un ciudadano ha llevado a este organismo estatal a solicitar información a entidades como el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre los accesos a sus bases de datos por parte de la Generalitat o los consistorios de Catalunya. Según un comunicado remitido por la propia agencia, los hechos denunciados podrían implicar la existencia de conductas contrarias a la Ley Orgánica de Protección de Datos.

La AEPD ha trasladado la denuncia a la Autoridad Catalana de Protección de Datos, a la que ha pedido que le comunique la información que pueda recabar a este respecto. Además, le ha remitido un informe en el que se analiza la ausencia de base legal para la utilización de determinados datos para crear un censo electoral por parte de la Generalitat de Catalunya.

La elaboración del censo para todo tipo de elecciones que se celebran en el Estado español es una competencia de la Oficina del Censo Electoral, bajo la supervisión de la Junta Electoral Central. Esta oficina, que se encuadra en el Instituto Nacional de Estadística, actualiza el censo todos los meses con la información recibida de oficio por los ayuntamientos, oficinas consulares o encargados del Registro Civil. Dicha información solo está disponible a nivel interno y no se facilita a ningún organismo. Pero el proceso para elaborar el listado de cara a unas elecciones no se inicia hasta que la convocatoria de las mismas es publicada en el Boletín Oficial del Estado, lo que no ha ocurrido con el referéndum catalán, suspendido por el Tribunal Constitucional.

Empresa de encuadernación Mientras, la Guardia Civil intervino ayer en Sabadell (Barcelona) 113.000 carteles con el logo de la Generalitat publicitando el referéndum, lo que eleva hasta el millón y medio el material decomisado por orden judicial desde que se inició la campaña declarada ilegal. Se trata de carteles y dípticos que llaman a participar en la consulta y votar sí, incorporando logos identificativos de la Generalitat y de la CUP, explicó el Ministerio del Interior. Agregó que las actuaciones se han producido desde el día 15, primer día de campaña.

El último operativo se llevó a cabo ayer en la empresa Enquadernacions Rovira de Sabadell. Según informó la compañía, varios efectivos se personaron en la planta sobre las 7.00 horas y, tras dos horas, se marcharon con los carteles en los que se reproduce la imagen inicial de la campaña. - DNA