barcelona - El PNV vio ayer, con enfado y absoluto desconcierto, cómo las instituciones catalanas torpedeaban uno de sus acuerdos más relevantes con el Gobierno español. El Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán, ha puesto en el disparadero el acuerdo sobre la tarifa eléctrica de las empresas vascas. En las negociaciones presupuestarias de mayo, Rajoy puso fin al agravio histórico que ha padecido la industria vasca, lastrada por un coste energético más alto que en otros puntos del Estado por su conexión a un sistema de potencia más antiguo. La finalidad del acuerdo no era dar ventaja a Euskadi, sino poner fin a su agravio. El Síndic, con el impulso y la aquiescencia del Govern catalán y varias empresas del territorio según los datos del Ejecutivo vasco, ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea en la que ve en desventaja a la industria catalana, y considera que el acuerdo con el PNV puede constituir una ayuda de Estado.

La denuncia dolió especialmente al PNV porque llega desde Catalunya, a quien los jeltzales han querido mostrar su respaldo en puertas del referéndum de independencia. Hasta ahora, los roces habían sido de menor intensidad, como cuando el Govern criticó el acuerdo sobre el Cupo, y la ampliación de la plantilla de la Er-tzaintza y su acceso a las bases de datos europeas. Para tener una pista sobre la relevancia de la denuncia, basta con acudir al propio texto registrado por las instituciones catalanas en Europa, donde se cifra en 790 el número de empresas vascas que se benefician del cambio de tarifa. Con independencia de que la denuncia acabe finalmente archivada o no, esas empresas se sumirán a partir de ahora en un estado de total incertidumbre jurídica y en un proceso que, salvo que sea despachado con una rápida negativa de la Comisión, puede durar años y alumbrar decisiones contradictorias o multas multimillonarias. Este escenario retrotrae al conflicto del tax lease del sector naval o las llamadas vacaciones fiscales.

La esperanza a la que se puede aferrar el Gobierno Vasco consiste en que el comisario de Energía es Miguel Arias Cañete, exministro de Rajoy y persona de la máxima confianza del presidente español, de modo que podría hacer pedagogía sobre el acuerdo en las instituciones comunitarias. En una respuesta remitida el 3 de agosto al europarlamentario del PDeCAT Ramón Tremosa, Cañete ya despachó el asunto asegurando que las tarifas eléctricas son competencia de los estados miembro y un asunto interno, y la Comisión solo interviene si el litigio se convierte en un conflicto de competencia entre estados.

Las empresas de Euskadi, donde la irrupción de la industria fue muy temprana, están conectadas a redes de 30.000 voltios, mientras que, en otros lugares con una industrialización más tardía, las redes son de 44.000 y 66.000 voltios, con facturas eléctricas más bajas. Rajoy acordó poner fin al agravio a partir de enero de 2018, lo que supondría un ahorro de 50 millones para las empresas vascas en su conjunto. Se da la circunstancia de que el acuerdo del PNV beneficia a otras comunidades como Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra y parte de Andalucía, pero Catalunya no puede acogerse a él por las singularidades de la red eléctrica de sus empresas. Tremosa dijo en su pregunta que la tarifa catalana va a desaparecer y tendrá otra más cara.

La denuncia del Síndic, por su parte, sostiene que la reforma contempla “aspectos selectivos territorialmente” que pueden ser constitutivos de una ayuda de Estado. Según informó el Gobierno Vasco, la Comisión Europea ha comenzado ya a estudiarlo. El viceconsejero de Industria, Javier Zarraonandia, negó que haya trato de favor, y dijo que el acuerdo “corrige una discriminación histórica que en 2013 supuso un sobrecoste de 100 millones”, y equipara las empresas vascas a otras industrias del Estado.

La noticia también causó malestar en el PNV, que ha mostrado su solidaridad con Catalunya en los últimos meses. Los presidentes de las ejecutivas de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava acudirán hoy a la manifestación de Gure Esku Dago en Bilbao para mostrar su apoyo al referéndum, y han llegado a poner en cuarentena la negociación presupuestaria con el Gobierno español y la han condicionado a que no se produzca un exceso de Rajoy en su afán por prohibir el referéndum. Esa negociación es determinante para el PNV porque espera arañar transferencias, aunque es consciente de que la ciudadanía vasca no entendería que respaldase a Rajoy si se pasara de frenada en la gestión del referéndum.

gestiones de ortuzar El PNV se mostró ayer dolido con la denuncia, aunque trató de combinar la dureza con la prudencia. Los jeltzales quisieron medir su reacción porque han llegado a la conclusión de que cualquier declaración suya se está aprovechando para tratar de proyectar un enfrentamiento con los catalanes. Por ello, decidieron expresarse a través de Twitter y no por boca de uno de sus portavoces o del presidente del EBB, Andoni Ortuzar. Fuentes de la ejecutiva tampoco quisieron añadir más. El PNV defendió en las redes sociales que la reforma “no constituye ningún privilegio para la industria vasca, sino que viene a paliar la sobretasa que pagaba desde hace años”. “Grave incoherencia catalana: no es justo ni necesario atacar los derechos legítimos de otros para defender los propios”, zanjó. De puertas adentro, la denuncia preocupa mucho y Ortuzar aprovechará su participación hoy en un acto benéfico en Girona para intercambiar pareceres con el Govern y el PDeCAT.