Madrid - El Tribunal Constitucional procederá penalmente o con multas coercitivas contra los cinco vocales de la Sindicatura Electoral nombrada por el Parlamento de Catalunya si no le satisface la respuesta que estos deben darle en un plazo de 48 horas o no suspenden su actividad. La Sindicatura Electoral está compuesta por los juristas Marc Marsal, Marta Alsina y Josep Pagès, y los politólogos Jordi Matas y Tània Verge, que están obligados a informar de sus actividades al tribunal de garantías. Este órgano se creó en virtud de la ley del referéndum catalán y busca velar por las garantías y la imparcialidad del proceso, sustituyendo a la junta electoral ordinaria.
En la providencia dictada ayer de forma unánime por el Pleno del tribunal, se advierte igualmente a los 15 miembros de las sindicaturas de demarcación (Arán, Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona) de las responsabilidades, incluso penales, en que pueden incurrir si no suspenden inmediatamente sus actividades relacionadas con el referéndum.
La providencia ha sido notificada personalmente a las personas recién designadas integrantes, titulares y suplentes, de la sindicatura electoral de Catalunya. A todas ellas, el tribunal les advierte expresamente de su “deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión” cautelar que el tribunal de garantías acordó el pasado jueves.
El plazo de 48 horas dado a los vocales de la Sindicatura para contestar al TC se acordó a la vista de que, pese a la suspensión del acuerdo para su nombramiento, estos han seguido actuando y han procedido a la designación de los síndicos territoriales (territorios de Arán, Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona).
herramientas del tribunal Con ello, el tribunal ha iniciado los trámites previstos tras la última reforma de su ley orgánica, que refuerza los instrumentos con los que cuenta este órgano para hacer cumplir sus resoluciones. El pasado jueves, el TC admitió a trámite el recurso del Gobierno español contra el nombramiento de los miembros de la Sindicatura. En su providencia se les instaba de forma concreta abstenerse “de proceder al nombramiento de los miembros de las sindicaturas electorales de demarcación y de la creación de ningún registro o fichero necesarios para la celebración del referéndum”. El requerimiento que les hace ahora el Constitucional va dirigido a conocer si están cumpliendo con ésta orden.
La resolución del pasado jueves referida a la Sindicatura extendía sus advertencias a otros cargos de la administración como los delegados territoriales del Gobierno de la Generalitat, y los directores de los boletines oficiales de los distintos niveles institucionales. - E.P.
