BARCELONA - La alcaldesa de Barcelona sigue sin deshojar la margarita sobre si facilitará locales municipales para el referéndum del 1 de octubre. Ayer volvió a mostrarse ambigua y despachó la cuestión señalando que hará todo lo posible para que aquellos quieran votar puedan votar” en la ciudad condal. Esta equidistancia de la primera edil molesta pero no inquieta a la Generalitat, puesto que cuenta con un plan B por si Colau cede finalmente a las presiones del Gobierno español y rehusa ceder las dependencias municipales para alojar los habituales colegios electorales. Fuentes del Govern consultadas por este diario, aseguraron ayer que prevén responder a una eventual negativa de Colau abriendo los numerosos edificios propiedad de la Generalitat diseminados por Barcelona.

Con Barcelona sin haber definido si colaborará o no, pero otras capitales de provincia como Lleida y Tarragona -ambas dirigidas por los socialistas- que han rehusado la invitación del president Puigdemont de sumarse al 1-O, el Govern podría optar por albergar las urnas en instalaciones de su titularidad. De esa forma solventarían la negativa de algunos primeros ediles, sobre todo de un PSC que gobierna en las populosas localidades ubicadas en el cinturón industrial que rodea a la capital. El propio president Carles Puigdemont mentó a la aplicación de esta alternativa en una entrevista concedida ayer a TV3. Habrá “una inmensa mayoría” de ciudadanos que van a poder votar “en sus colegios habituales”, afirmó. Pero “allí donde el lugar tradicional de votación no sea el habitual, va a haber una alternativa idéntica” en términos de “accesibilidad”, según garantizó. De la misma manera, tampoco es descartable que las entidades soberanistas como la Associació Nacional Catalana (ANC) u Omnium Cultural, que cuentan con una importante implantación a nivel comarcal, hagan lo propio permitiendo votar en sus sedes. Es el caso de la ANC, que cuenta con medio centenar de asambleas territoriales diseminadas por el mapa catalán.

Pero todas las miradas están centradas en que postura adoptará Colau, quien ayer se mantuvo nuevamente entre dos aguas en el transcurso de la Diada Alternativa que Catalunya en Comú, el partido político que encabeza, protagonizó en Santa Coloma de Gramanet. “No haré caso a las amenazas” que le lleguen desde el Gobierno español, afirmó, que únicamente se basan en “esconderse bajo los tribunales y los fiscales para no hacer política”. La primera edil achacó “el enquistamiento absoluto en la relación entre Catalunya y el Estado” al “inmovilismo del Gobierno popular demofóbico”. Presionada también desde el bando soberanista, se mantuvo férrea en su postura de defender al Consistorio y a sus trabajadores públicos por las repercusiones legales que pudieran padecer frente a las “prisas” de un Junts pel Sí (JxSí), que “dejan atrás a la mitad del país”.

Colau, que a diferencia del pasado año no acudió a la multitudinaria manifestación vespertina de las entidades soberanistas, ganó tiempo extra la pasada semana. Reclamó aclaraciones al Govern de Puigdemont sobre las represalias que tendría por parte del Tribunal Constitucional si facilita la celebración del plebiscito. Que los trabajadores municipales no incurran en ilegalidad alguna es su premisa para que alrededor de 260 puntos de votación barceloneses se sumen a la consulta. “El Ayuntamiento es de todos”, se justificó ayer en una Diada en la que estuvo acompañada de la plana mayor de Podemos en el Estado, pero no así de algunas de las caras visibles de la formación morada en Catalunya. Al acto acudieron el secretario general, Pablo Iglesias; su número dos Irene Montero; el secretario de Organización, Pablo Echenique; y el cofundador del partido, Juan Carlos Monedero.

“contactos permanentes” El número dos en el Ayuntamiento gobernado por Colau, Gerardo Pisarello, admitió ayer la existencia de contactos entre la administración local y la Generalitat. Son “contactos permanentes”, especificó, sobre la posibilidad de negociar una salida en condiciones que permitiría incorporar a Barcelona a los más de 700 consistorios que colaboran para la consulta. Ese gesto daría un importante impulso al 1-O, no solo por la incorporación de la capital de Catalunya, sino porque la tomaría un partido político de tintes no soberanistas. Los responsables municipales “buscarán fórmulas” para que haya la “máxima disponibilidad de locales” para que los barceloneses puedan emitir su voto. Pisarello, de hecho, insistió en que hay que “preservar” la institución, pero a la par aseveró que trabajan para garantizar que los ciudadanos puedan participar en el referéndum.

Catalunya en Comú consultará a sus simpatizantes desde hoy y hasta el jueves sobre si debe “participar en la movilización del 1-O”. Sin embargo, diversos portavoces del partido han desligado el resultado que arroje el plebiscito interno de la decisión a adoptar por Barcelona. Además de hacia el Gobierno español, Colau también tuvo palabras críticas para las recientes declaraciones de responsables de partidos soberanistas -tanto de PDeCAT como de ERC- que vienen instando a los comuns a definirse con claridad. “Somos muchos los que hacíamos desobediencia por los derechos laborales y para parar desahucios... ¿Dónde estaban los señoritos de CDC? Estaban con el PP firmando las mismas leyes que nos reprimían y recortaban derechos sociales y laborales”, abundó. “La valentía no es hacer lo que dicen los señores de JxSí. Valentía es defender la pluralidad”, concluyó.