MADRID. Otegi fue condenado por la Audiencia Nacional a diez años de prisión e inhabilitación por intentar reconstruir Batasuna, una pena de prisión que el Supremo redujo a seis años y medio. Su condena incluía también una pena de inhabilitación.

Según la Audiencia, aunquesalió de la cárcel el 1 de marzo de 2016, la condena de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo y para ejercer empleo o cargo público no habrá sido cumplida hasta el año 2021.

Además, este tribunal considera que dicha condena es firme, ya que Otegi no recurrió contra ella en tiempo y forma. Con su criterio coincide el fiscal, que ya se opuso en su día, ante la Audiencia, a los argumentos del abogado de Otegi.

Para el fiscal del Supremo la condena de prisión fue diferente de la de inhabilitación y, por tanto, esta segunda debe seguir un curso propio, lo que supone que, tal y como ha quedado ya firmemente establecido, termine en 2021.

Sin embargo, en su recurso ante el Alto Tribunal contra la duración de su condena a inhabilitación para ser cargo público la defensa de Otegi argumenta precisamente lo contrario.

Considera que la pena de cárcel se extinguió en marzo de 2016 y que, como la condena de inhabilitación era accesoria a la de prisión, debe considerarse que la duración de la pena secundaria terminó al mismo tiempo que la principal.

En esos términos se ha planteado el asunto ante los miembros de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que han deliberado hoy sobre el asunto sin que se haya divulgado aún una posible resolución, de la cual, en todo caso, será ponente el magistrado Andrés Martínez Arrieta.