barcelona - Los eurodiputados de ERC y del PDeCAT han denunciado, mediante varios escritos ante la Comisión Europea (CE), lo que consideran “persecución judicial” contra el referéndum del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional, debido a los registros de la Guardia Civil como el efectuado en el semanario local de Valls (Tarragona).

Los eurodiputados de ERC -Josep Maria Terricabras y Jordi Solé- y del PDeCAT -Ramon Tremosa- han enviado una pregunta a la Comisión Europea y una carta dirigida a su presidente, Jean-Claude Juncker, y al vicepresidente primero, Frans Timmermans, para censurar la actuación de las autoridades judiciales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españoles. En el texto, afirman que “el fiscal general del Estado ha amenazado al gobierno catalán y a los más de 700 alcaldes que han anunciado que colaborarán en la organización del referéndum”.

“Además, los medios de comunicación que publican los anuncios del referéndum también han sido amenazados por el fiscal general, que también quiere bloquear las páginas web vinculadas con el referéndum”, prosiguen. Asimismo, también reclaman la valoración que hace el ejecutivo comunitario de las operaciones en Constantí y Valls (Tarragona), puesto que creen que “no encajan con el artículo 2 del Tratado de la UE y los artículos 10 y 11 de la Carta de Derechos Fundamentales, en los que se defiende la libertad de expresión y de prensa”.

A los registros también se refirió el portavoz del Govern, Jordi Turull, que ensalzó las concentraciones que rodearon a dichas actuaciones policiales. “Es la actitud que se tiene que tener en los próximos días, de defender con alegría, convicción y de manera pacífica el derecho que tenemos los catalanes a votar”, apuntó. “Cada uno debe preguntarse: ¿Qué harás el 1 de octubre? ¿Ayudar a votar o ayudar a impedirlo?”, se cuestionó. - DNA