No hay vuelta atrás. Ese es el mensaje que llevan trasladando durante meses todos los integrantes del Govern, en sus intervenciones en público y con los hechos consumados del extenuante pleno de la semana pasada, que se prolongó durante dos jornadas casi completas y contó con un epílogo el viernes, y en el que se aprobaron las leyes del referéndum y de desconexión. Un paso previo imprescindible de cara a la votación del 1-O, cuyo día después marcará el devenir político de Catalunya. A diferencia del 9-N, cuando la consulta fue considerada como “no refrendaria”, en esta ocasión ya hay una ley que concretará sobre el papel las últimas zancadas hacia la desconexión definitiva. Eso sí, suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional tras el recurso interpuesto por el Gobierno español.

No obstante, el camino recorrido hasta llegar a contar con este armazón legal no ha sido fácil. Más allá de las tumultuosas sesiones plenarias de los pasados días 6 y 7, entre las filas de Junts pel Sí se habían registrado marcadas divergencias respecto a esta hoja de ruta. Unas voces reclamaban su inmediata aprobación antes del 1-O, mientras que otras, incluyendo destacados asesores del Govern, preferían esperar al recuento de las papeletas de modo que no hubiera que añadir una disposición suspensiva. Al margen de la coalición gobernante, la CUP ejerció la máxima presión posible, ya que entendía que el PDeCAT estaba dando largas para no tener que declarar la independencia justo después del referéndum y para abrir un periodo de negociación con Madrid.

La CUP decía que los catalanes deben conocer de antemano las consecuencias que entrañaría una decisión presuntamente irreversible. El Govern, por el contrario, prefería optar por la prudencia. Todas las previsiones certifican un triunfo seguro del voto favorable a la independencia, por lo que la norma debía ser aprobada de una u otra forma. Finalmente se impuso el guión previsto y se aprobaron las leyes, acallando así las reticencias de parte de Junts pel Sí.- X. G.