BARCELONA - Los máximos representantes del Ministerio Fiscal y del Poder Judicial exhibieron ayer una posición de firmeza y lanzaron un aviso a navegantes garantizando la defensa de la ley ante quienes, dijeron, pretenden vulnerarla. Sin mencionar expresamente el referéndum independentista del 1 de octubre, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, dedicaron buena parte de sus discursos durante la apertura del Año Judicial al procés catalán. En la víspera de que el pleno del Parlament apruebe hoy, como se prevé, la ley del referéndum de cara a activar la convocatoria del 1-O, Maza y Lesmes anticiparon una rápida respuesta a este paso ya definitivo. No en vano, tanto el Pleno del Tribunal Constitucional como el Consejo de Ministros que lidera Mariano Rajoy tienen la agenda libre y están prestos a reunirse hoy mismo para tratar de desactivar este proceso a la primera de cambio.
Los principales responsables de la Fiscalía y del órgano de gobierno de los jueces adelantaron ayer su disposición a contribuir a esta rápida respuesta, pero ello no amilanó al Govern de Carles Puigdemont. “No cederemos”, vino a decir el conseller de Presidencia y portavoz del Ejecutivo catalán, Jordi Turull, quien lamentó “la obsesión” de que “la respuesta ante cualquier avance que se propone desde Catalunya y sus instituciones legítimas es el Código Penal”. Turull, que también cargó contra la advertencia lanzada por el Ministerio de Hacienda contra aquellos que liquiden sus impuestos ante la Agencia Tributaria de Catalunya que fue presentada el lunes, dijo que el Govern “no cederá ante actitudes predemocráticas y preconstitucionales del Estado”.
Antes, en la sede del Tribunal Supremo, y ante la presencia del rey Felipe VI, José Manuel Maza y Carlos Lesmes garantizaron que fiscales y jueces actuarán con firmeza en defensa de la ley ante quienes pretenden vulnerarla. El fiscal general del Estado garantizó que la Fiscalía actuará de manera “serena”, pero “tan firme y enérgica” como se requiera, “frente a la sinrazón de quienes se sitúan al margen de la ley”, ante lo que “no caben vacilaciones de clase alguna”. “Frente a las vías de hecho en las que están incurriendo algunos, con grave quebranto del orden constitucional, la Fiscalía seguirá actuando en defensa de nuestro Estado democrático”, subrayó. Por ello, todas las fiscalías, incluidas la de Catalunya y las cuatro provinciales de esa comunidad, actuarán “con celeridad y coherencia” para preservar el orden constitucional y “la patria común e indivisible de todos los españoles”.
Por su parte, Lesmes, presidente del TS y del CGPJ, opinó que las “voluntades unilaterales” que solo apuestan por “la ruptura o la separación son inaceptables y solo violentan la propia democracia, pues ningún principio democrático puede amparar ni legitimar que una parte disponga sobre el todo”. En ese contexto, lanzó un mensaje claro a los servidores públicos que puedan verse afectados por los acontecimientos en este proceso: “Nadie sufrirá por cumplir la ley”. Así, garantizó que los jueces ampararán a todos los servidores públicos que se encarguen de hacer cumplir la ley, sean de la clase que sean, en “cualquier parte de España”.
Jurisprudencia En respuesta a esta postura de las instancias judiciales, el portavoz del Govern Jordi Turull tiró de jurisprudencia para defender que la convocatoria de un referéndum “no es delito”, y que por el contrario la ilegalidad sería impedir su celebración. En una rueda de prensa en la Generalitat tras la reunión del Ejecutivo, citó la Ley 2/2005, que “despenaliza de forma clara la convocatoria del referéndum”, y la sentencia del TC de julio de 2011 que “declaró nulo el intento del PP de modificar el Código Penal y penar la convocatoria de referéndums”. Aludió por último al artículo 49 de la Carta Fundamental de Derechos de la UE, según el cual “no se puede perseguir a nadie por un hecho que no es constitutivo de delito en el ámbito en el que actúa”.
Spot electoral. Como anticipo a la previsible actuación de la Fiscalía General del Estado contra la ley del referéndum, el Ministerio Público está estudiando el anuncio de la Generalitat emitido en la televisión pública catalana TV3 que apela a la “capacidad de decidir”, semanas antes del referéndum.
Valores cívicos. Ciudadanos adelantó que pedirá la retirada del spot y el conseller de Presidencia del Govern, Jordi Turull, defendió que no hace ninguna referencia al referéndum y que solo “fomenta valores cívicos”.
