BILBAO. Urkullu (PNV) ha reconocido, en una entrevista en Radio Euskadi, que él tiene sus propias "premisas" al respecto, que no ha concretado, y ha mantenido que primero tiene que "compartirlas" con su socio de Gobierno (PSE-EE) y esperar al resultado de los trabajos de la citada ponencia parlamentaria.

Ha rechazado que se pueda comparar este planteamiento con la vía que ha adoptado Cataluña, porque, en su caso, la referencia es el modelo escocés, "basado en un acuerdo entre gobiernos", y su apuesta es "un proceso de construcción de abajo a arriba desde un modelo confederal y respetando los derechos históricos".

"Honestamente y desde la humildad, creo que mi modelo podría haber servido para Cataluña", ha dicho.

Se ha referido, en concreto, a la posibilidad de que el Gobierno de Mariano Rajoy suspenda la autonomía catalana si finalmente la Generalitat convoca el referéndum sobre la independencia el próximo 1 de octubre, y ha considerado que sería "un error mayúsculo" que confía en que no se lleve a cabo.

Sobre el enfrentamiento entre los gobiernos catalán y español debido a la celebración de dicho referéndum, Urkullu se ha dirigido a "unos y otros" y les ha instado a "hacer política".

Ha indicado que el presidente de la Generalitat o del Ejecutivo español "podrían haber convocado una mesa de partidos o un foro parlamentario sobre el autogobierno" como se ha hecho en Euskadi, y respecto a Rajoy, le ha instado a que abandone su "concepción patrimonialista basada en 'no me pidas lo que no te puedo dar'".

"Rajoy no tiene que dar nada sino oír la voluntad de la sociedad catalana", ha sentenciado.

En su opinión, aun hay tiempo antes del 1 de octubre para "pensar cómo reflexionar sobre el modelo de Estado" porque, según ha dicho, "lo importante es saber que existe un problema y una demanda en Cataluña y Euskadi sobre la articulación del Estado".

También se ha referido al Gobierno del PP para recordar que "si es tan firme en el cumplimiento de la ley", tal y como argumenta en el caso catalán, "dará luz verde a la transferencia a Euskadi de las competencias de la gestión económica de la Seguridad Social y de prisiones porque ambas están recogidas en el Estatuto de Autonomía, que es una ley orgánica".