Bilbao - Durante buena parte de su historia, en la Ertzaintza ha sido habitual que los agentes pudieran portar su arma reglamentaria también cuando estaban fuera de servicio tras pedir un preceptivo permiso, una situación que el Departamento de Interior sistematizó en 2001 con la Instrucción 21 para hacer frente a los atentados de ETA. A partir del pasado sábado, en cambio, todas las autorizaciones en este sentido quedaron revocadas con la entrada en vigor de la nueva redacción de la instrucción “sobre tenencia y uso de armas de fuego en la Ertzaintza”, en esta ocasión por el cese de la actividad y el desarme de la banda.

Sindicatos de la Policía vasca consultados por DNA criticaron con dureza esta medida adoptada por la consejería de Estefanía Beltrán de Heredia, que llega según ellos en el momento más inoportuno tras los atentados yihadistas perpetrados en Barcelona y Cambrils. El secretario general de ErNE, Roberto Seijo, alegaba además que Seguridad busca “quitarse responsabilidades civiles en caso de mala utilización” del arma, lo que consideró “fuera de lugar” porque “igual se ha producido un caso en 20 años”. Con esta apreciación coincidió Txiki Rodrigo, de ELA, para el que “es una forma de quitarse de encima responsabilidades como tener que pagar indemnizaciones por un posible uso indebido, dado que ese arma pertenece” al departamento.

Fuera de esta medida han quedado los escoltas de Berrozi, que pueden ser llamados para atender una actuación en cualquier momento y no tienen un sitio prefijado al que acudir. El Departamento de Seguridad alega que “las circunstancias que motivaron” el uso del arma reglamentaria fuera del horario laboral “han desaparecido”. Los agentes que quieran seguir portándola al salir del trabajo por su seguridad personal tienen ahora un plazo de tres meses para pedirlo por escrito, unas solicitudes que Seijo cifra en “aproximadamente 3.000” entre los afiliados al sindicato mayoritario. Añade que desde el viernes se están recibiendo denegaciones masivas firmadas por el jefe de la Ertzaintza, Jorge Aldekoa.

En un duro comunicado, la central ESAN denunció ayer que “la restricción de portar el arma” supone “generar un problema muy grave donde no existía”, algo en lo que “este departamento se está convirtiendo en un experto”. Agregaba que “la situación de riesgo potencial que tenemos actualmente con el terrorismo yihadista es otro motivo para considerar que esta decisión no es correcta ni aceptable”. Desde ELA, Rodrigo criticaba a su vez que “no han explicado los motivos en los últimos Consejos de la Ertzaintza a los que hemos asistido”.

Armas cortas El presidente de Euspel, Txutxi Castelo, se preguntaba “qué complejo tiene este Gobierno para hacer este tipo de cosas”. Defendió que “ es beneficioso que agentes de la autoridad fuera de servicio puedan actuar con unas mínimas garantías ante el fenómeno yihadista”. “La ciudadanía lo entiende y prefiere estar así y no con gente que no pueda intervenir más que como un ciudadano normal”, añadió.

Respecto a la posibilidad de que los ertzainas sigan portando un arma corta de su propiedad, Roberto Seijo opinó que estaría “fuera de lugar” que los agentes protagonicen una “adquisición masiva de armas”. “Es una irresponsabilidad y una cacicada, están enviando un mensaje de desconfianza al colectivo”, censuró, y advirtió de que las solicitudes denegadas servirán para pedir responsabilidades “si se producen víctimas fuera de servicio”.