Barcelona - La Mesa del Parlament no tramitó ayer finalmente la anunciada Ley del Referéndum. Sin embargo, sí anunció por sorpresa que presentará una querella en los próximos días contra altos cargos del Gobierno español como Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y Juan Ignacio Zoido, y el exministro Jorge Fernández Díaz, por no haber comparecido en la comisión sobre la llamada Operación Catalunya, que investiga el uso político de las fuerzas policiales del Estado contra el soberanismo catalán durante el mandato de Fernández Díaz al frente de Interior.

De esta manera, aumenta el cruce de reproches y demandas en los tribunales entre las instituciones catalanas y el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Mientras el Gobierno español ha acusado en numerosas ocasiones a la Generalitat de desobediencia por su intención de no acatar los dictámenes del Constitucional, ahora es Catalunya quien acusa al Estado de rebelarse contra los requerimientos del Parlament, que ha solicitado sin éxito que una quincena de altos cargos comparezcan en la Cámara para dar explicaciones sobre la Operación Catalunya.

Por ello, la Mesa del Parlament aprobó ayer presentar la querella con los votos de los miembros de Junts Pel Sí, que suman mayoría en este órgano, mientras que el PSC y C’s votaron en contra. En los próximos días se decidirá cómo y cuándo se tramitará esta demanda en los tribunales, que no solo afectará al presidente del Gobierno español, a la vicepresidenta, al ministro de Interior y a su antecesor, sino también a altos cargos del Estado como al exdirector de la Oficina Antifraude catalana, Daniel de Alfonso, o al fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada.

Según anunció ayer la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, han decidido querellarse “por respeto y por dignidad de la institución”, ya que el reglamento de la Cámara estipula que los citados en una comisión de investigación deben comparecer si se les requiere. Forcadell reveló asimismo que a los quince altos cargos se les ha llamado en dos ocasiones y no han asistido. Tanto Rajoy como Santamaría y el resto de miembros de su gobierno declinaron su comparecencia amparándose en un informe del abogado de Estado que les eximía de hacerlo y que estipula que el Parlament solo puede citar a cargos autonómicos. Sin embargo, el Código Penal recoge que los ciudadanos que hayan sido citados en una comisión de este tipo y no acudan pueden ser castigados por un delito de desobediencia. El Parlament tiene previsto cerrar entre el 28 y el 29 de agosto dicha comisión de investigación, que se ha caracterizado por acumular decenas de ausencias. Ya empezó cojeando, porque que el PSC rechazó participar debido a que JxSí y la CUP vetaron todas las comparecencias solicitadas por la oposición en otra comisión, la que pretendía indagar en las declaraciones del juez y exsenador de ERC, Santi Vidal, sobre los planes soberanistas de la Generalitat. Más tarde, el PP también abandonó la investigación sobre la Operación Catalunya por considerar que se basaba en el insulto y, finalmente, Ciudadanos renunció el pasado mes de julio acusando al Govern de instrumentalizarla a favor de sus intereses.