barcelona - En el Parlament no quieren que se repita la escena vivida el pasado mes de julio: miembros de la Guardia Civil con pasamontañas accediendo a la Cámara para buscar información sobre el caso 3%. Por ello, la Mesa de la Cámara aprobó ayer por unanimidad un protocolo que regula el acceso de cuerpos policiales y fuerzas de seguridad. Este nuevo reglamento exige que los agentes dejen sus armas en la entrada del edificio y no cubran su rostro de ninguna manera. Además, deberán identificarse ante los Mossos que trabajan en el lugar y exponer el motivo de su presencia.

En el documento de cinco páginas, que ordena las actuaciones a seguir sobre el acceso de la policía judicial al Parlament, también se especifica que será el secretario general de la Cámara quien informará a la presidenta, Carme Forcadell, para que autorice la entrada al edificio de los agentes que tengan orden judicial. En caso de no tenerla, no se les dejará entrar. “Si, pese a eso, los agentes persisten en su pretensión, el secretario general dará cuenta de su actitud a la Presidencia para que informe al jefe superior de los agentes personados”, recoge el reglamento.

Si tienen autorización y acceden al edificio, “depositarán las armas en el armario correspondiente” y deberán mantener el rostro descubierto mientras estén realizando su labor en el interior. El protocolo añade que la policía judicial “en ningún caso puede acceder al Parlament para practicar la detención de un diputado”, y defiende respetar en todo momento el principio de inviolabilidad de los representantes.

Poco después de la aprobación de este protocolo, el PP -que no tiene presencia en la Mesa del Parlament- salió a criticar su función, ya que considera que es “coartar la acción de la Justicia”. El líder de los populares catalanes, Xavier García Albiol, criticó al PSC y a Ciudadanos por votar a favor de la propuesta y lamentó que el objetivo es “poner todas las dificultades posibles para que los agentes judiciales y la Guardia Civil no puedan hacer su trabajo”, ya sea investigando casos de corrupción o “actuando contra personas que se salten la ley”. - M.A.