madrid - Más de una década después de que se produjera el chivatazo a ETA que dio origen al caso Faisán, la Justicia española continúa dando palos de ciego en la búsqueda de sus máximos responsables. La ensortijada investigación recibió en abril un nuevo e inesperado impulso tras el hallazgo de un informe del Ministerio del Interior en el que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata se basó para abrir una pieza separada bajo secreto de sumario. El magistrado citó a declarar en calidad de testigos a los dos policías ya condenados: el comisario Enrique Pamiés, exjefe superior de la Policía española en la CAV, y el inspector José María Ballesteros. Sin embargo, sus infructuosos testimonios no aportaron ninguna clave nueva que sirva para esclarecer quién fue el promotor de los hechos. En sus respectivas declaraciones ante el magistrado, ambos testigos evitaron implicar a ningún superior, un elemento que vuelve a dejar la investigación en el dique seco.

La Audiencia Nacional lleva varios años tratando de averiguar quién fue el principal impulsor del chivatazo que alertó al entorno de ETA de una inminente operación policial dirigida contra su red de extorsión. El soplo se realizó en pleno proceso de diálogo entre la organización y el Gobierno español, por aquel entonces presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero y con Alfredo Pérez Rubalcaba al frente de la cartera de Interior. Pamiés y Ballesteros fueron condenados por un delito de revelación de secretos al observarse su implicación directa, si bien fueron absueltos de colaborar con la banda ahora desarmada.

A principios de este mismo año, el juez De la Mata tuvo conocimiento de la existencia de un informe sobre el caso. El mismo estaba elaborado por la ya extinta Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), el controvertido equipo impulsado en 2012 por el exdirector adjunto operativo de la Policía española Eugenio Pino y que constituyó una pata clave de la policía política que erigió Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior. El magistrado de la Audiencia Nacional solicitó el documento en febrero como elemento para avanzar en las encalladas investigaciones, pero la cúpula policial le comunicó su desaparición, ya que no se encontró ninguna copia en papel ni en formato digital. Semanas después, el informe apareció entre los archivos de la Secretaría de Estado de Seguridad y fue finalmente remitido al juez.

Según adelantó ayer El Mundo, el documento engloba más de un centenar de páginas y su contenido se basa en un minucioso análisis del cruce de llamadas entre los implicados del chivatazo mediante un avanzado programa informático. Los agentes responsables del informe señalaron al que fuera director de la Policía española, Victor García Hidalgo, y al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, quien sucediera posteriormente a Rubalcaba al frente del Ministerio. Tras su lectura, De la Mata recogió el testimonio de la comisaria firmante del informe para conocer detalles complementarios. Paralelamente, llamó a declarar como testigos tanto a Pamiés como a Ballesteros. A preguntas del propio juez y del fiscal, ambos negaron conocer los hechos por los que ya fueron condenados e insistieron en su inocencia.

EN PUNTO MUERTO Los poco fértiles testimonios de los dos condenados vuelven a dejar la investigación en punto muerto y sin visos de que se vaya a reactivar, al menos a corto plazo. Por el momento, el magistrado de la Audiencia Nacional tan solo se ha limitado a solicitar un informe al fiscal en el que recoja su visión sobre los últimos movimientos realizados y la previsión de los pasos a dar en el futuro. - DNA