Barcelona - Ante los interrogatorios de esta semana contra varios altos cargos de la Generalitat, el Ejecutivo de Carles Puigdemont no se amedrenta y, según anunció ayer, ha interpuesto una demanda contra la Guardia Civil. La denuncia fue presentada en los juzgados de Barcelona por el portavoz del Govern, Jordi Turull, que reclamó “que haya la misma celeridad a partir de la denuncia de estos hechos que la que hay en todo lo que hace referencia al proceso catalán”.
El conseller de Presidencia criticó que las investigaciones realizadas por la Guardia Civil a altos cargos del Govern tenían voluntad de “intimidación y coacción”, por lo que los servicios jurídicos de la Generalitat entienden que pueden ser constitutivas de hasta cinco delitos graves: obstrucción a la Justicia, usurpación de atribuciones, falsedad en documento oficial, violación de secretos y delito contra derechos individuales.
En la misma línea, Turull calificó de “desproporción absoluta y desconocimiento de la realidad” el hecho de acusar a cargos de sedición por participar en el lanzamiento de la web del referéndum o el registro de catalanes en el exterior. Además, reveló que los agentes amenazaron a uno de los abogados que estuvo presente en los interrogatorios con llamarle a declarar.
En los últimos días, agentes de la Benemérita han interrogado como testigos a varios dirigentes de la Generalitat en el marco de la investigación ordenada por un juez de Barcelona sobre los preparativos de la consulta anunciada para el 1-O. Los casos más relevantes han sido los del secretario general de Presidencia, Joaquim Nin, y el director de Comunicación de la Generalitat, Jaume Clotet, que aunque fueron citados como testigos salieron de dependencias policiales en calidad de investigados por los presuntos delitos de revelación de secretos, malversación de caudales públicos, desobediencia, prevaricación y sedición.
Pero Nin y Clotet son tan solo dos nombres de una larga lista de interrogados e investigados en la que están presentes el director de Atención Ciudadana, Jordi Graells, el exportavoz del Pacto Nacional por el Referéndum, Joan Ignasi Elena, el director de Difusión, Ignasi Genovès, o la jefa de comunicación de Relaciones Institucionales, Anna Molas. Todos ellos han pasado por dependencias policiales a lo largo de esta última semana.
En cuanto a la denuncia que ayer presentó la Generalitat, está dirigida contra los agentes de la Guardia Civil que realizaron los interrogatorios, así como “contra cualquier otra persona que por su relación directa con los hechos que se denuncian hubiera colaborado de forma activa y consciente en la comisión del delito y fuera responsable penal de éste”.
cinco delitos Respecto a los delitos de los que se acusa en la denuncia a los agentes, la Generalitat afirma que el de obstrucción a la Justicia se debe a que la Guardia Civil habría tratado de “influir en la declaración de los testigos acusándoles insistentemente durante el interrogatorio de mentir y de los graves perjuicios que les podría comportar, al tiempo que habrían mantenido una actitud agresiva, contundente y de presión”. También se refiere a un posible delito de usurpación de atribuciones, por considerar que los agentes se habrían “autoatribuido ante los declarantes la condición de comisionados del titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, cuando no estaban actuando a solicitud de éste”. En relación a esto último, el Govern cree que podría conllevar asimismo una infracción de “falsedad en documento oficial”.
Otro de los delitos que podrían haber sido cometidos durante los interrogatorios, según la denuncia, es el de violación de secretos, porque, a pesar de que las diligencias previas ordenadas por el Juzgado de Barcelona han sido declaradas secretas, “ciertos medios de comunicación han tenido conocimiento de la citación y el motivo por el que tenían que declarar los testigos, e incluso que habían sido declarados investigados”. Finalmente, la Generalitat también se refiere a un delito cometido por funcionarios contra los derechos individuales, ya que los agentes “habrían violado el derecho fundamental a la defensa al retrasar el otorgamiento de la condición de investigado e impedirles el pleno ejercicio del derecho de defensa desde un primer momento”.
