barcelona - Con la insistente amenaza en el horizonte de que arrecie una tormenta judicial, el independentismo catalán está dispuesto a desprenderse del paraguas y hacer frente a cara descubierta a cualquier adversidad con tal de continuar con la hoja de ruta del procés. Los organizadores del referéndum unilateral asumen que deberán llevar hasta el final su pulso con el Estado para evitar que el 1-O pase a la historia como una mera reedición del 9-N. Dentro de esa carrera de fondo, quieren ahuyentar el tenaz fantasma de las vías judiciales poniendo por delante la voluntad de la sociedad catalana para decidir su futuro. Precisamente en ese sentido se pronunció el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien advirtió de que no renunciarán al referéndum “aunque lo prohíba el Tribunal Constitucional”.
Puigdemont se explicó en estos términos en una entrevista concedida al periódico francés Le Figaro. Desde las elecciones autonómicas de 2015, los representantes del Govern de Junts pel Sí han multiplicado su aparición en medios de comunicación extranjeros en busca de reconocimiento internacional para el procés. En las páginas del rotativo galo, el president de la Generalitat se declara en pie de guerra contra cualquier decisión del alto tribunal español que suponga un paso atrás para sus intereses, incluso una eventual inhabilitación de su persona para ejercer cargos públicos. “Si el TC me inhabilita, como puede hacer, no aceptaré esa decisión”, avisa. En su opinión, el Parlament es la única institución con legitimidad para suspenderle.
El máximo responsable del Govern pone en duda la utilidad de la estrategia de la judicialización para frenar el proceso soberanista catalán y plantea que ninguna decisión del TC servirá para acabar con las aspiraciones independentistas. “Una inmensa mayoría del pueblo catalán quiere votar. Suspendiéndome o expulsándome de mi despacho, Madrid no va a anular esta voluntad. No existe un poder suficientemente fuerte para cerrar el gran colegio electoral que será Catalunya el 1 de octubre”, plantea.
En las filas del independentismo no especulan con otra posibilidad que no sea acudir a las urnas el próximo 1 de octubre. “Ninguna amenaza podrá impedir que los catalanes decidan su futuro de manera democrática”, insistió Puigdemont, quien aclaró que su Ejecutivo se mantendrá en “una neutralidad escrupulosa”. Preguntado por el goteo de ceses y dimisiones en su equipo por dudas en torno a la celebración de la cita, el president quiso disipar las especulaciones y dijo contar con el apoyo de todos sus actuales consellers.
Uno de los principales objetivos del soberanismo para la cita con las urnas del 1-O es lograr la máxima participación posible. El proceso participativo del 9-N, celebrado en 2014, tan solo logró reunir al 37% de los ciudadanos llamados a votar, un raquítico índice que esperan dejar muy atrás. De hecho, Puigdemont quiso alertar de las consecuencias que traería un dato menor a las expectativas generadas: “Una participación ridícula equivaldría a perder el referéndum”. En cualquier caso, y a tenor de los estudios demoscópicos publicados, todo hace presagiar que la cifra de 2014 se superará de forma holgada y el índice final se acercará más al de unas elecciones autonómicas al uso. Según el último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) -el CIS catalán-, el 67,5% de los catalanes irá a votar.
La Ley del Referèndum d’Autodeterminació, la norma que impulsa la convocatoria unilateral, prevé el escenario inmediatamente posterior al recuento de papeletas. No obstante, Puigdemont explica en la entrevista concedida a Le Figaro que la “independencia plena” tardará en llegar más de las 48 horas previstas sobre el papel. “La proclamación de los resultados podría tardar una semana o unos diez días”, indica. En caso de que venciera el sí a la desconexión, se activaría un periodo de transición que “concluirá con la convocatoria de unas elecciones constituyentes, la redacción de una Constitución y su ratificación por referéndum”. En definitiva, y según los pasos esgrimidos por el president de la Generalitat, “Catalunya comenzará a actuar como un Estado independiente, pero no lo será de derecho hasta que esa transición culmine”.
SOBRES Y PAPELETAS Los medios logísticos para la celebración del 1-O son aún todo un misterio. El Gobierno español ha puesto la lupa sobre las cuentas del Govern para evitar la compra opaca de todo el material que hará falta para el desarrollo de la votación unilateral. De forma paralela, el Ejecutivo catalán ha activado la adquisición de sobres y papeletas, aunque con la mira puesta en unas posibles elecciones autonómicas. De hecho, ese es el escenario contemplado en caso de que gane el no a la independencia.
El Departament de Governació comenzó a informar ayer del proceso administrativo para la formalización de un contrato valorado en 897.000 euros. Aunque el momento elegido para hacerlo pueda sonar sospechoso, lo cierto es que la Generalitat ya comenzó a licitar y publicitar el contrato en marzo, cuando desestimó la posibilidad de que el material electoral fuera utilizado para el 1-O. El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, se congratuló ayer de esta decisión, ya que significa, a su juicio, poner punto final a la legislatura. “Las únicas papeletas y urnas que se pondrán en Cataluya serán para las elecciones autonómicas”, zanjó el dirigente popular.
