BILBAO - Las estadísticas oficiales han corroborado durante los últimos tiempos un sustancial crecimiento de los llamados delitos de odio. En concreto, la Ertzaintza registró 184 casos en 2015, lo que supuso un crecimiento de casi el 50% respecto al año inmediatamente anterior. Ante esta preocupante fotografía, el Departamento de Seguridad quiere atajar el fenómeno y ha puesto en marcha una estrategia encaminada hacia su prevención y erradicación. En esa hoja de ruta, la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV/EHU lleva casi dos años asesorando a la Policía vasca en esta materia. Ahora el equipo universitario dará un nuevo paso al recibir el encargo de Lakua para elaborar un informe de actuación propio y específico para la CAV.
Los delitos de odio están recogidos de forma específica en el Código Penal para castigar situaciones discriminatorias por motivos de género, orientación sexual, ideología, religión, nacionalidad, enfermedad, discapacidad u otras causas. Sin embargo, la aplicación de los preceptos legales se ve enrevesada por las dificultades para su identificación. Muchos expedientes acaban siendo tramitados como meras agresiones o delitos leves sin contemplarse el agravante por odio, por lo que las estadísticas oficiales no recogen la totalidad de los casos. En este mismo sentido, la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, criticó recientemente en el Parlamento Vasco que los agentes de la Ertzaintza no cuenten con la “suficiente formación” para identificar este tipo de casos y permitir así su correcta instrucción.
El informe solicitado por el Departamento de Seguridad pretende cubrir esos boquetes para cortar de raíz una problemática que es cada vez más alarmante. De hecho, un informe del Ministerio del Interior situó a la CAV como la segunda comunidad autónoma en la que más casos se registran, solo por detrás de Catalunya. Para ello, y en base a la experiencia acumulada por su estrecha colaboración en los últimos dos años, la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos tendrá a su disposición la base de datos en la que se registran todos los incidentes relacionados con delitos de odio. La lista incluye los casos que deriven tanto en diligencias judiciales como en procedimientos administrativos, así como otros datos discriminatorios a modo complementario. Así, los integrantes de la Cátedra podrán examinar la casuística y aportar su conocimiento técnico-jurídico para plasmar recomendaciones concretas sobre el papel.
La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, mantuvo ayer una reunión en Gasteiz con el director de la Cátedra de la UPV/EHU, Jon Mirena Landa, en la que le trasladó su propósito para contar con un documento propio. “Es de vital importancia que más allá de las cifras y datos delincuenciales, tengamos un marco teórico y conceptual de la estructuración y clasificación de este tipo de delitos”, subrayó. Por su parte, Landa destacó la trascendencia del futuro informe que elaborará su equipo y se congratuló de la buena disposición de las administraciones vascas para encarar la problemática. “En Euskadi existe una vocación y una actitud tanto de la Ertzaintza como de la Administración de Justicia muy favorable a abordar esta materia con rigor, seriedad y eficacia”, señaló.
