BARCELONA - Catalunya y el Estado se dirigen hacia un choque de legitimidades. Por un lado, el Parlament catalán va a aprobar las leyes que darán cobertura jurídica al referéndum de independencia. Por otro lado, el Gobierno español defiende que la única legalidad válida es la suya, la estatal, y va a movilizar a los fiscales, los jueces y todos los mecanismos constitucionales para evitar que esa votación se produzca. Esta batalla jurídica la van a vivir en primera persona los Mossos d’Esquadra porque van a estar presentes en el operativo de la jornada del 1 de octubre, ya sea siguiendo las órdenes del Govern o las de Rajoy. Van a situarse en el centro de la encrucijada y sus mandos tendrán que decidir in situ cómo responder a cada requerimiento. No es un debate novedoso. En los últimos años, la CUP ha criticado el papel de los agentes catalanes y les ha exigido obediencia exclusiva al territorio cuando han recibido órdenes de detención que afectaban a ediles de la formación anticapitalista. Hasta ahora, los agentes catalanes han obedecido a los jueces, pero los casos no afectaban de manera tan directa al procés, ni se trataba de garantizar un referéndum.
El Govern quiere que faciliten la votación. El Estado, por su parte, tiene a su disposición tres herramientas para evitarlo. Puede iniciar acciones judiciales para que se pida la suspensión del referéndum y que se incauten las urnas y se precinten los colegios electorales. Pero también puede asumir directamente el control de los Mossos por las bravas con dos procedimientos. Podría activar el artículo 155 de la Constitución española para suspender la autonomía catalana con una voladura controlada que solo afectaría al departamento de Interior. De ese modo, asumiría el control provisional de los Mossos únicamente durante la jornada de votación. También puede servirse de la Ley de Seguridad Nacional, que prevé que Rajoy pueda asumir el control de las fuerzas de seguridad de todo el Estado en una situación excepcional y de emergencia.
tres quejas de la cup Este debate ha surgido cíclicamente en Catalunya en los últimos años, casi siempre a colación de casos que afectaban a la CUP y se referían a cargos de la formación que se habían negado a comparecer ante el juez. Hasta ahora, los Mossos han cumplido las órdenes judiciales para llevar a esos cargos ante los tribunales. Sucedió con la detención del concejal de la CUP en Vic, Joan Coma, por orden de la Audiencia Nacional. A Coma lo reclamaban por un presunto delito de incitación a la sedición después de que asegurase que, para hacer tortilla, hay que romper los huevos. Los policías catalanes acudieron a detenerlo cumpliendo las órdenes del tribunal español. En ese momento, no obstante, desde algunos sectores se llegó a decir que hubo un pacto entre los Mossos y Coma para que la detención fuese lo menos gravosa para él y no se produjera en su casa y delante de sus hijos.
Los agentes también detuvieron a la alcaldesa de Berga, Montserrat Venturós, por no haberse presentado ante el juez en la causa de la izada de la estelada en el balcón municipal durante la jornada electoral. El debate también estalló tras la quema de varias fotos del rey español en la Diada del pasado año. Los Mossos detuvieron a los acusados por no haber atendido una orden de citación judicial.
