IRUÑEA - Todas las fuerzas políticas excepto el PP mostraron ayer en Gipuzkoa su apoyo para que la agresión de Altsasu del pasado 15 de octubre no se juzgue en el marco de delitos de terrorismo y, por tanto, que el proceso de instrucción regrese a los tribunales de Iruñea en detrimento de la Audiencia Nacional. Las Juntas Generales de ese territorio aprobaron una resolución urgente con los votos favorables de PNV, EH Bildu y Podemos. Los representantes del PSE, en cambio, apretaron el botón rojo para desligarse de algunos de los puntos más controvertidos del documento y evitar posibles lecturas de una fotografía conjunta con la izquierda abertzale. En todo caso, publicaron posteriormente un comunicado en el que exigen específicamente la aplicación de la jurisdicción de la Audiencia de Nafarroa.

El texto de las Juntas guipuzcoanas engloba la investigación sobre la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en un caso “contrario a la normalidad y convivencia democráticas”. Durante los últimos meses, los avances en la instrucción han generado todo tipo de reacciones después de que el expediente fuera asumido por la Audiencia Nacional. La jueza Carmen Lamela observa indicios relacionados con delitos de terrorismo al enclavar la acción en la estrategia del movimiento Alde Hemendik para conseguir expulsar de Euskadi a las fuerzas de seguridad estatales. Incluso Baltasar Garzón, exmagistrado de ese mismo tribunal y promotor de la tesis que enlazó a esa organización con ETA, desechó recientemente cualquier resquicio que lleve a una lectura en esa dirección.

El texto rubricado en la Comisión de Convivencia y Derechos Humanos, el mismo que se aprobó también ayer en el Ayuntamiento de Gasteiz, consta de tres puntos y se centra especialmente en el rechazo a las peticiones de pena del fiscal. El representante del Ministerio Público ha puesto sobre la mesa condenas de entre 12 y 62 años de prisión para los ocho jóvenes encausados por la agresión. Las Juntas Generales expresaron “su más rotunda discrepancia” con esa solicitud, la cual tildan de “excesiva”. Los grupos firmantes, además, manifiestan su “preocupación por el devenir de los acontecimientos” dado que, en su opinión, “se ha llegado a unos niveles de desproporción y sinrazón inaceptables”.

El PSE, por su parte, quiso desmarcarse del empleo de esos calificativos. El comunicado que emitieron en solitario se limita a subrayar que las normas legales deben ser interpretadas “atendiendo a la realidad social en que han de ser aplicadas”. En ese mismo sentido, los socialistas guipuzcoanos creen que la lectura del ordenamiento jurídico debe encaminarse a “la consolidación de una nueva realidad que se sitúa muy lejos de los escenarios de violencia de tiempos pasados”, por lo que establecen una frontera entre la agresión de Altsasu y la acción de la banda recientemente desarmada. “En esa nueva realidad que vive la sociedad vasca y la española, los hechos pueden enmarcarse dentro de los delitos investigables y enjuiciables por la jurisdicción ordinaria”, remachan.

“UNA INTROMISIÓN” El PP también votó en contra de la resolución, pero, a diferencia del PSE, no entró a matizar su postura. Según el único juntero popular en Gipuzkoa, Juan Carlos Cano, la iniciativa a propuesta de PNV, EH Bildu y Podemos es “una intromisión y un intento de presión política”. En su opinión, la agresión registrada en Altsasu no es una “pelea de bar”, sino “una secuencia de odio hacia la Guardia Civil”, por lo que hace suya la tesis de la Fiscalía para encuadrar los sucesos en delitos de terrorismo. “Hay que ser garantista con los procedimientos judiciales, no solo con los que nos gustan”, planteó.